Trump Desafía al Congreso: Justifica Ataques a Narcos en Latinoamérica como Actos Fuera de la Guerra



El gobierno de Donald Trump sostiene que puede continuar con ataques militares letales contra presuntos narcotraficantes en América Latina sin la autorización del Congreso de Estados Unidos. Según T. Elliot Gaiser, abogado del Departamento de Justicia y jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Casa Blanca, estas operaciones no se ajustan a la definición de “hostilidades” bajo la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, una ley creada tras la Guerra de Vietnam que obliga al presidente a obtener el aval legislativo para acciones militares sostenidas. La administración argumenta que el uso de drones y armas de largo alcance no pone en riesgo directo a las tropas estadounidenses, por lo que la ley no aplica. Con base en esta interpretación, se ha intensificado una campaña militar en la región, atacando embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental, y desplegando equipo militar cerca de Venezuela, incluyendo el portaaviones Gerald Ford, ocho buques de la Armada y aviones F-35. Desde el 2 de septiembre, se han realizado múltiples ataques. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que se han atacado 15 barcos, resultando en la muerte de 64 personas. Esta postura ha generado fuertes críticas de expertos en seguridad y legisladores de ambos partidos, quienes la consideran un intento de eludir al Congreso y una posible violación a la Constitución. Brian Finucane, exasesor legal del Departamento de Estado, señaló que, aunque gobiernos anteriores han interpretado la ley de manera flexible, nunca antes se habían atacado a civiles que no están en guerra con Estados Unidos. Los legisladores han denunciado la falta de transparencia, reuniones selectivas que excluyen a demócratas de alto rango y retrasos del Pentágono en la entrega de documentos legales y listas de objetivos. Las preocupaciones se extienden a las tácticas utilizadas, que algunos congresistas comparan con los “ataques de firma” de la CIA, donde se ataca a personas por patrones de comportamiento sin conocer su identidad. También se ha criticado que la justificación oficial de la administración, que vincula los ataques con la lucha contra el fentanilo, contradice información interna que señala a la cocaína como la principal droga en la región.
Expertos y legisladores advierten que esta estrategia amplía peligrosamente el poder del presidente y permite mantener ataques militares sin supervisión legislativa.
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