
Crisis en Venezuela: Represión interna y tensión con EE. UU.



Una Misión Internacional Independiente de la ONU ha advertido sobre la intensificación de la persecución política en Venezuela, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Según el informe presentado en Ginebra, el gobierno de Nicolás Maduro ha incrementado el hostigamiento contra opositores, defensores de derechos humanos y manifestantes. La misión documentó al menos 12 muertes durante protestas recientes a causa de acciones de las fuerzas estatales y señaló que, de 25 muertes ocurridas en manifestaciones el 29 y 30 de julio de 2024, la mitad involucró directamente a la Guardia Nacional y al Ejército. Ante la falta de investigaciones nacionales y el sometimiento de la justicia al poder ejecutivo, los expertos de la ONU consideran que las instancias internacionales son la única esperanza para las víctimas. El informe detalla graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo al menos 200 detenciones selectivas en 2025 y la captura de 220 menores, algunos sometidos a aislamiento y violencia sexual. Se reportaron cinco muertes de detenidos en centros de reclusión, dos de ellas por falta deliberada de atención médica. Las prácticas de tortura, como asfixias con bolsas, golpizas y descargas eléctricas, continúan siendo sistemáticas, sin que las autoridades demuestren voluntad para detenerlas, según Marta Valiñas, jefa de la misión.
Paralelamente, la tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha escalado.
El presidente Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, calificando de "noticias falsas" las acusaciones que vinculan a su gobierno con el narcotráfico. Maduro defendió que su país combate el tráfico de drogas, afirmando haber destruido más del 70% del 5% de la droga colombiana que intenta pasar por su territorio y neutralizado 402 aeronaves. En su misiva, abogó por el diálogo y la paz, aludiendo a Simón Bolívar y a la proclama de la CELAC que declara a la región como zona de paz.
Esta situación diplomática se desarrolla en un contexto de alta tensión militar.
Washington ha enviado buques de guerra y cazas F-35 al Caribe, cerca de las costas venezolanas.
Por su parte, el gobierno venezolano acusa a EE.
UU. de una "guerra no declarada" y exige a la ONU una investigación sobre ataques de fuerzas estadounidenses contra lanchas que han dejado al menos 14 muertos. La tensión se agudizó con las advertencias de Trump sobre "consecuencias incalculables" si Venezuela no acepta la devolución de migrantes deportados.
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Estados Unidos enfrenta un debate tenso sobre la distribución de su ayuda exterior El Tribunal Supremo autorizó al Gobierno de Donald Trump a mantener congelados 4.900 millones de dólares mientras se resuelve la disputa sobre los recortes presupuestales. La medida, que afecta a proyectos de cooperación internacional, representa una victoria temporal para la Administración en su intento de controlar el gasto federal. El fallo, emitido de manera breve, contó con la mayoría conservadora de seis magistrados. El tribunal consideró que la capacidad del presidente para gestionar las relaciones exteriores supera "el posible perjuicio" a los beneficiarios de la ayuda. La decisión, sin embargo, tiene carácter provisional hasta que el Congreso y tribunales inferiores determinen la legalidad definitiva de la medida. Las tres juezas liberales, lideradas por Elena Kagan, votaron en contra. Argumentaron que el caso plantea un debate profundo sobre la separación de poderes, ya que involucra la autoridad del Ejecutivo frente al Legislativo en el manejo del gasto público El mecanismo de "rescisión de bolsillo" Trump anunció el 28 de agosto que dejaría sin gastar 4.900 millones de dólares de una partida de 11.500 millones aprobada por el Congreso para ayuda exterior. Lo hizo mediante un mecanismo llamado "rescisión de bolsillo", que permite readjudicar partidas justo antes de que cierre el año fiscal, limitando la capacidad de las cámaras de aprobar o rechazar los recortes. Tras la denuncia de organizaciones de cooperación, un juez federal en Washington determinó que la acción era ilegal y ordenó desembolsar los 11.500 millones antes del 30 de septiembre. El Gobierno apeló y, tras la negativa de una corte de apelación, llevó el caso al Tribunal Supremo. Esta es la tercera ocasión en la que el máximo tribunal permite a Trump congelar partidas federales temporalmente, después de suspender fondos de 800 millones de dólares para los Institutos Nacionales de Salud y 65 millones para formación docente. Diferentes ONGs advierten que los recortes pueden tener graves consecuencias humanitarias en países en desarrollo, poniendo en riesgo programas de salud, educación y asistencia básica que dependen de la ayuda estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica al amenazar con retirar partidos del Mundial 2026 a ciudades gobernadas por demócratas, como Seattle y San Francisco, si las considera inseguras. Durante su mensaje desde el Despacho Oval, Trump dijo: "Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial (...) dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario". Trump hizo especial énfasis en Seattle y San Francisco, señalando que están gobernadas por lo que llamó "lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que se hacen". Estas declaraciones generaron preocupación entre autoridades locales y aficionados, ya que ambas ciudades tienen estadios programados para recibir partidos del torneo. El Lumen Field de Seattle, hogar de los Seattle Seahawks de la NFL, albergará seis partidos del Mundial 2026. Por su parte, el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara y sede de los San Francisco 49ers, también será escenario de seis encuentros. Estos recintos son parte de las 11 sedes que Estados Unidos compartirá con México y Canadá en la organización del torneo. Trump también mencionó que medidas similares podrían aplicarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, lo que amplió la polémica sobre la seguridad y la gestión de eventos deportivos de gran magnitud en ciudades gobernadas por demócratas. Aunque Estados Unidos coorganiza el Mundial 2026, Trump no tiene autoridad legal para cambiar la sede de ningún partido. Sin embargo, el mandatario mantiene una relación cercana con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien sí tiene la capacidad de tomar decisiones sobre los lugares donde se jugarán los encuentros. Otras ciudades estadounidenses que recibirán partidos, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston o Philadelphia, también están gobernadas por demócratas, lo que podría generar más tensiones si el presidente decide intervenir o presionar para modificar sedes. El sorteo de la Copa del Mundo 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en Washington, con la asistencia prevista de Trump. La expectativa es conocer los grupos y enfrentar posibles disputas sobre la seguridad en las ciudades seleccionadas, un tema que ha ganado relevancia tras las declaraciones del mandatario. Analistas señalan que, más allá de la retórica política, cualquier cambio de sede sería complejo y requeriría de negociaciones internacionales, ya que el Mundial es un evento con reglas estrictas de organización y planificación a largo plazo.

Unas 2,000 personas se movilizaron este viernes en Nueva York en protesta por la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU y en rechazo a la guerra en Gaza. La manifestación comenzó esta mañana en Times Square y buscó acercarse lo más posible a la sede de la ONU, cuyos alrededores permanecen cerrados a quienes no cuentan con acreditación. La marcha se desarrolló de manera pacífica, aunque la ciudad desplegó decenas de agentes para resguardar la zona. Los manifestantes portaron banderas palestinas y pancartas con la cara de Netanyahu, acompañadas de consignas en defensa de Gaza. A diferencia de otras protestas similares en Nueva York durante el último año, la convocatoria reunió a menos asistentes. Entre las demandas de los participantes se incluía el juicio a Netanyahu en el tribunal de La Haya, la condena por los ataques contra civiles, y el embargo de armas a Israel. Los manifestantes también recordaron que desde el 7 de octubre de 2023 han sido asesinados más de 210 periodistas en Gaza, y denunciaron la hambruna que afecta a la población. Además de las banderas palestinas, se observaron al menos una decena de banderas de Colombia, ante rumores sobre la posible asistencia del presidente Gustavo Petro a la protesta. Nidaa Lafi, integrante de Palestinian Youth Movement, afirmó que la intervención de Netanyahu en la ONU "es una vergüenza para esta ciudad" y aseguró que debería ser juzgado por crímenes contra la humanidad. Lafi agregó que los reconocimientos al Estado palestino por países como Reino Unido o Canadá "no sirven de nada sin sanciones y bloqueos económicos" contra Israel y sus autoridades. "El reconocimiento no basta; se requieren medidas concretas para frenar la devastación en Gaza", indicó. Por su parte, Joe Brown, del Partido por el Socialismo y la Liberación de Estados Unidos, criticó a los presidentes Donald Trump y Joe Biden, señalando que la devastación de Gaza se ha dado "con la connivencia de Estados Unidos, desde Biden hasta Trump". Entre los convocantes de la marcha se encuentran, además de Palestinian Youth Movement, colectivos como Jewish Voices for Peace y el Palestinian Feminist Collective, quienes buscan visibilizar la situación humanitaria y exigir acciones concretas frente al conflicto en Gaza. La movilización concluyó sin incidentes graves, aunque mantiene la atención sobre la tensión en torno a la política israelí y la implicación de Estados Unidos en la región, así como sobre la postura internacional frente a la guerra en Gaza.

En la cuarta jornada del octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el canciller de Venezuela, Yván Gil, aseguró que su país "no es ni será jamás una amenaza para nación alguna" Su discurso representó al presidente Nicolás Maduro y se dio en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos. El contexto del pronunciamiento es el despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, que la Casa Blanca justifica como parte de la lucha contra el narcotráfico. Desde Caracas, el Gobierno venezolano denuncia que la operación busca un "cambio de régimen". Gil criticó lo que llamó "vulgares y perversas mentiras" para justificar la presencia militar, calificándola de "atroz, extravagante e inmoral". "El pueblo venezolano ama la paz y por eso siempre está presto para defenderla. No nos atemorizan amenazas, ni mentiras, ni cañones", enfatizó Defensa de un mundo multipolar Durante su intervención, el canciller ratificó el compromiso de Venezuela con un mundo basado en el respeto al derecho internacional y libre de hegemonías o intervenciones militares. Además, expresó solidaridad con Palestina, Cuba y Nicaragua, y apoyo a Rusia en lo que llamó su "lucha contra el neonazismo y la agresión militarista de occidente". Ante la escalada de tensiones, el Gobierno venezolano evalúa un decreto que declararía el "estado de conmoción exterior" en todo el territorio. La medida busca fortalecer la respuesta del país frente a posibles amenazas externas. Desde agosto, Estados Unidos ha interceptado cuatro embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe, de las cuales al menos tres, según Washington, tenían origen en Venezuela. NBC News reportó que el Ejército estadounidense prepara planes para atacar a narcotraficantes dentro de territorio venezolano en las próximas semanas. El mensaje de Gil ante la ONU subraya que Venezuela se presenta como un actor dispuesto a defender la paz y su soberanía, mientras enfrenta crecientes presiones externas y conflictos diplomáticos con Washington. La comunidad internacional observa con atención la evolución de esta tensión en la región