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La Tensión Histórica por el Control Petrolero en México

Desde los cacicazgos de la Revolución hasta las regulaciones actuales, la disputa por el control de los recursos petroleros de México entre el Estado y los intereses privados ha sido una constante histórica que hoy resurge con nuevas advertencias para las empresas del sector.
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A principios del siglo XX, durante la Revolución Mexicana, surgió en la Huasteca Veracruzana la figura de Manuel Peláez Gorrochotegui, un cacique que consolidó un vasto poder al aliarse con compañías petroleras extranjeras como la Huasteca Petroleum Company y El Águila. Peláez garantizó la prosperidad y seguridad en la región, que llegó a ser conocida informalmente como “Petrolandia”, a cambio de proteger las operaciones de estas empresas de los intentos del gobierno federal, primero de Francisco I. Madero y luego de Venustiano Carranza, por gravar con impuestos y regular la explotación del crudo. Con un ejército propio financiado por las petroleras, controlaba un territorio que abarcaba partes de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo, desafiando la soberanía nacional.

El poder de Peláez, quien llegó a ser considerado el “presidente” de “Petrolandia” por inversionistas europeos, representó una amenaza para el Estado mexicano. Sin embargo, su cacicazgo llegó a su fin con la consolidación del poder postrevolucionario bajo el gobierno de Álvaro Obregón. Peláez entendió que los tiempos habían cambiado y, tras un fallido levantamiento y posterior exilio, su movimiento fue desmantelado, marcando el fin de una era de control privado y regional sobre el petróleo.

Esta tensión histórica entre el Estado y los intereses privados parece encontrar un eco en la actualidad. El especialista en el sector energético, Ramsés Pech, ha advertido sobre la posibilidad de que los contratos surgidos de las Rondas Petroleras sean cancelados y reasignados a Petróleos Mexicanos (Pemex). Según el nuevo Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos, emitido el 3 de octubre, el gobierno puede iniciar un proceso de “rescisión administrativa” contra las empresas que no cumplan con sus planes de inversión o no logren incrementar su producción. El reglamento faculta a la Secretaría de Energía y a Pemex para evaluar los contratos y, si no son rentables o beneficiosos para la nación, proceder a su cancelación. En tal caso, los campos podrían ser explotados directamente por Pemex o mediante asociaciones mixtas en las que la empresa estatal tendría una participación de al menos el 40% del flujo de efectivo.

Esta medida representa un mecanismo actual con el que el Estado busca reafirmar su control sobre los recursos energéticos del país.

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