El gobierno de Estados Unidos amplía el veto migratorio a más países

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha ampliado su veto migratorio, incorporando a siete nuevas naciones y a los portadores de documentos de la Autoridad Palestina a su lista de prohibición total de entrada, argumentando razones de seguridad nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que endurece la política migratoria del país al ampliar la lista de naciones sujetas a restricciones de viaje. La medida impone una prohibición total de entrada a ciudadanos de siete nuevos países: Burkina Faso, Laos, Malí, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria.

Adicionalmente, se veta el ingreso a personas que utilicen documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina. La Casa Blanca justificó la decisión por motivos de seguridad nacional, afirmando que busca impedir el ingreso de extranjeros sobre los cuales no se posee información suficiente para evaluar los riesgos que podrían representar.

La administración citó como detonantes un tiroteo ocurrido en Washington en noviembre, perpetrado por un ciudadano afgano asilado, y un ataque en Siria atribuido al Estado Islámico donde murieron tres estadounidenses.

Según el gobierno, estos eventos ejemplifican las deficiencias en los sistemas de control y verificación de identidad. Con esta ampliación, un total de 19 países quedan sujetos a una prohibición total de viaje.

A los siete nuevos se suman los doce que ya estaban en la lista desde junio: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Asimismo, se impusieron restricciones parciales a 15 nuevas naciones, la mayoría africanas, entre ellas Angola, Nigeria y Senegal.

Estas se suman a las limitaciones ya existentes para Burundi, Cuba, Togo y Venezuela, elevando a 19 el número de países con restricciones parciales. La proclamación presidencial subraya que las restricciones son necesarias para "hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y avanzar en otros importantes objetivos de política exterior, seguridad nacional y lucha contra el terrorismo". La administración también señaló que muchos de los países afectados presentan problemas como corrupción, documentos fraudulentos y falta de cooperación para recibir a sus ciudadanos deportados.