El Costo de la Corrupción: La Justicia Argentina Ordena un Decomiso Histórico a Cristina Fernández

La justicia argentina ordenó el decomiso de bienes por un valor cercano a los 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados por corrupción. Esta medida histórica busca restituir al Estado los fondos defraudados en la adjudicación de obras públicas.

Un tribunal federal de Argentina ha dispuesto la incautación de activos valuados entre 480 y 500 millones de dólares, afectando a la expresidenta Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el exministro Julio de Vido, entre otros. La orden judicial se enmarca en la causa conocida como “Vialidad”, en la que fueron condenados por una “extraordinaria maniobra fraudulenta” en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El objetivo, según el fallo, es recuperar el "provecho del delito" y reparar el daño material y simbólico ocasionado al Estado y a la sociedad. La expresidenta Fernández fue sentenciada en diciembre de 2022 por el delito de administración fraudulenta, condena que quedó firme en junio pasado.

Desde entonces, cumple una pena de seis años de prisión domiciliaria y enfrenta una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La investigación judicial determinó que durante su gobierno y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner, se favoreció de manera irregular a empresas allegadas, principalmente las del empresario Lázaro Báez, con contratos de obra pública con sobreprecios. El decomiso incluye más de un centenar de bienes en total. Específicamente, se ordenó la incautación de 20 propiedades de la familia Kirchner-Fernández: un inmueble a nombre de la exmandataria y 19 que habían sido cedidos a sus hijos. Además, la medida afecta a 84 bienes del empresario Lázaro Báez, también condenado en la misma causa. El tribunal notificó a los Registros de la Propiedad correspondientes para inmovilizar los activos hasta que la condena sea definitiva. El destino final de los bienes decomisados será definido por la Corte Suprema de Argentina.

Las opciones que se barajan son que algunos de los inmuebles sean destinados al uso del Poder Judicial o que sean enviados a subasta pública. La expresidenta, quien ha sostenido ser víctima de una persecución política, no se había pronunciado sobre esta última resolución judicial al momento de la publicación de los informes.