Tensión en la Suprema Corte: Acusaciones personales marcan debate sobre facultades eléctricas municipales

Un debate sobre la facultad de los municipios para cobrar licencias de construcción de subestaciones eléctricas escaló en la Suprema Corte de Justicia, cuando la Ministra Loretta Ortiz acusó a sus colegas de ser influenciados por personal de la administración anterior.

Durante un debate en la Suprema Corte de Justicia sobre el derecho de los municipios a cobrar licencias de construcción para subestaciones eléctricas, la Ministra Loretta Ortiz atacó sorpresivamente a sus colegas, sugiriendo que sus posturas eran influenciadas por secretarios de estudio y cuenta que trabajaron con la integración anterior del tribunal. Ortiz afirmó que la única explicación para la postura de sus compañeros era que estos secretarios sostenían que las facultades pertenecían a los municipios y no a la Federación por conveniencia. La acusación provocó una enérgica respuesta de varios ministros. Sara Herrerías, el Presidente Hugo Aguilar y Giovanni Figueroa defendieron la profesionalidad de sus equipos y recalcaron que la decisión final sobre el sentido de un voto recae exclusivamente en cada ministro. Aguilar expresó: "una vez que entro al salón de plenos, el criterio, los errores y aciertos son de su servidor". Figueroa, por su parte, pidió respeto para su equipo y subrayó que las opiniones expresadas en el Pleno son propias de cada ministro. Tras las réplicas, Ortiz manifestó su respeto a todos los secretarios.

Más allá del enfrentamiento, el tema central era una impugnación del Ejecutivo Federal contra el cobro de derechos por licencias de construcción para subestaciones eléctricas en los municipios de Chihuahua y Cuauhtémoc.

La votación para anular dichos cobros resultó en cinco votos a favor y cuatro en contra.

Sin embargo, al requerirse una mayoría de al menos seis votos, la medida no prosperó, por lo que las leyes de ingresos de ambos municipios seguirán vigentes. Quienes se oponían al cobro, como la ex Consejera Jurídica María Estela Ríos e Irving Espinoza, argumentaron que permitirlo invade atribuciones federales, representa un retroceso a la reforma eléctrica de 2024 que da preferencia a la CFE y pone en riesgo el objetivo de ofrecer electricidad barata. En contraste, la minoría defendió que el artículo 115 constitucional faculta a los municipios para expedir licencias de construcción, lo cual es distinto a una licencia de operación y no interfiere con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Además, se señaló que existen obras eléctricas privadas que no forman parte del SEN.

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Los impresentables

A raíz de la llegada de Morena al poder, los estados gobernados por el oficialismo han dejado de ser el coto de figuras influyentes —que durante los años de la transición a la democracia tenían los tamaños y la independencia de criterio incluso para discrepar de la Presidencia de República— y se han convertido en el terruño de simples comisarios políticos del “movimiento” gobernante, bajo la tutela de Palacio Nacional. Esa posición de menor poder les da, sin embargo, cierta ventaja a los actuales gobernadores sobre quienes los precedieron: no corren el riesgo de perder su posición por algún escándalo derivado de su incapacidad para ejercer el cargo. Hasta ahora, ningún mandatario estatal vinculado con la autollamada Cuarta Transformación se ha visto en ese dilema. Es más, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han dado muchas veces la cara para librarlos de asuntos indefendibles. Aceptar la caída de uno de los suyos significa una mancha para todo el “movimiento”. Así, se han enraizado muchos impresentables en los gobiernos de los estados. Ahí está, por ejemplo, el sinaloense Rubén Rocha Moya, cuyo gobierno mintió descaradamente sobre los hechos del 25 de julio de 2024, cuando ocurrió el secuestro y entrega a Estados Unidos del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Ese día, fue asesinado, en el mismo hecho, el diputado federal electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén, pero la fiscalía estatal quiso engañar a la opinión pública, haciéndole creer que fue víctima de un asalto en una gasolinería. Rocha, cuyo estado lleva 14 meses continuos de violencia extrema, por una guerra desatada entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, no ha tenido empacho en emitir declaraciones insensibles, como felicitar a los ciudadanos que salieron a manifestarse contra él o llamar “meserita” a una diputada que acaba de nombrar como secretaria de Gobierno, en un enroque de gabinete que se hizo necesario cuando se descubrió que uno de sus secretarios era dueño de un bar donde desapareció un joven duranguense que estaba de vacaciones en Mazatlán con su familia. Está también la zacatecana Rocío Nahle, quien gobierna Veracruz, autora de muchas expresiones nada empáticas, como decir que una maestra jubilada, quien trabajaba como taxista para completar su pensión, había muerto de un paro cardiaco, para matizar el hecho de que fue asesinada por una banda criminal que la secuestró. O como decir que el río Cazones, cuyo desbordamiento provocó una inundación histórica en Poza Rica, sólo se había salido de su cauce de forma “leve”. Asimismo, el mandatario poblano Alejandro Armenta, quien amenazó con expropiar los terrenos de un grupo empresarial si no se los donaba a su gobierno para construir viviendas para policías. “No vine a quedar bien con los ricos”, dijo, esa vez, quien luego fletó un avión privado para viajar con su familia a EU. No menos polémicos han sido sus intentos de censurar y criminalizar la crítica legítima en redes sociales, así como la manera en que ha estigmatizado a periodistas independientes. Pero de todos ellos, el que se ha convertido en el lastre mayor del oficialismo es el michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, en cuya administración han matado ya a siete alcaldes, entre ellos Carlos Manzo Rodríguez, de Uruapan, asesinado el sábado pasado, y de quien se burló cuando éste afirmó que, ante el incremento de la violencia en su demarcación y la escasa ayuda que había recibido de los gobiernos estatal y federal, su policía se vería obligada a abatir a los criminales que representaran una amenaza a ciudadanos inocentes. “Entonces qué, mi presi, ¿a cuántos delincuentes has abatido?”, se mofó Ramírez Bedolla, a quien, desde el homicidio de Manzo, se le ha exigido la renuncia en concurridas y ruidosas manifestaciones. Pero nada tienen que temer esos y otros gobernadores —como la campechana Layda Sansores—, porque cuentan con el manto protector del “movimiento de transformación”. Mientras signan solícitos, firmando los desplegados de apoyo que se espera de ellos en la Ciudad de México, su cargo estará seguro y no importará el repudio que han ido cosechando por su soberbia, su indolencia y su ineptitud. Columnista: Pascal Beltrán del RíoImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0

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