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Campaña Militar de EE. UU. en el Caribe: Entre la Lucha Antidrogas y las Acusaciones de Ejecuciones Extrajudiciales

Una serie de ataques letales de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe, justificados como una lucha contra el narcoterrorismo, ha desatado una fuerte condena de expertos de la ONU y serios cuestionamientos sobre su legalidad y sus implicaciones para la seguridad regional.
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Expertos independientes de las Naciones Unidas han calificado los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe como "ejecuciones extrajudiciales" y una "escalada extremadamente peligrosa". La ofensiva, ordenada por el presidente Donald Trump, se enmarca en una campaña contra lo que su gobierno denomina una amenaza "narcoterrorista" vinculada al presidente venezolano Nicolás Maduro y a grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Según los informes, se han atacado al menos siete embarcaciones, resultando en la muerte de al menos 32 personas. El gobierno estadounidense justifica sus acciones amparándose en el artículo 51 de la Carta de la ONU, que permite la legítima defensa, y ha comunicado al Congreso que se encuentra en un conflicto armado con cárteles designados como terroristas. Sin embargo, los expertos de la ONU sostienen que estas operaciones letales violan la soberanía de Venezuela y el derecho internacional. La postura de la ONU ha sido respaldada por el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, mientras que un funcionario del Departamento de Estado desestimó a los expertos por, según él, defender a un "líder ilegítimo".

La situación también ha generado tensiones diplomáticas, incluyendo una disputa pública entre Trump y el presidente colombiano, Gustavo Petro. La base legal de la campaña ha sido ampliamente cuestionada por especialistas. Un punto central de la crítica es la decisión de deportar a los sobrevivientes en lugar de procesarlos en tribunales de EE. UU., lo que contradice la narrativa de que representan una grave amenaza terrorista. Un sobreviviente ecuatoriano fue liberado por falta de pruebas, mientras que uno colombiano será procesado en su país. Expertos legales señalan que esta práctica evita que la Casa Blanca presente pruebas en un tribunal y subrayan que el Congreso no ha autorizado un conflicto armado contra el narcotráfico.

Para justificar la ofensiva, funcionarios como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han llegado a comparar a los cárteles con "el Al Qaeda del hemisferio occidental".

La campaña militar se acompaña de un considerable despliegue en la región, que incluye destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y aproximadamente 6,500 soldados. Además, Trump ha autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, lo que según los expertos de la ONU, constituiría una violación aún más grave de la legalidad internacional.

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