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Arévalo denuncia 'golpe de Estado' desde la Fiscalía y el sistema judicial en Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha denunciado un intento de golpe de Estado en su contra, presuntamente orquestado por el Ministerio Público y un juez penal, desatando una crisis institucional en el país centroamericano.
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, denunció en un mensaje a la nación que existe un intento de golpe de Estado en su contra, liderado por la fiscal general, Consuelo Porras, y el juez penal Fredy Orellana. Acompañado de su gabinete y diputados de su partido, Movimiento Semilla, el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para “defender la democracia” sin “titubeos” frente a lo que describió como una “alianza criminal” atrincherada en el sistema de justicia. La denuncia presidencial se produjo después de que el juez Orellana intentara nuevamente suspender al partido oficialista y solicitara al Tribunal Supremo Electoral anular los resultados de las elecciones de 2023, declarando así vacante el cargo de presidente. Arévalo calificó al juez como un “sicario que tergiversa las leyes” al servicio de Porras.

Según los artículos, tanto Porras como Orellana han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción. El presidente acusó a los presuntos conspiradores de crear un “contexto de terror” mediante procesos judiciales ilegítimos para encarcelar a ciudadanos, mencionando los casos de los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco, y del periodista José Rubén Zamora. Afirmó que el objetivo de estas acciones es “perpetuar la impunidad” de corruptos, narcotraficantes y sus aliados políticos.

Arévalo de León fue elegido en 2023 con un discurso anticorrupción, y desde entonces la Fiscalía ha intentado bloquear su gobierno. En respuesta, Arévalo solicitó a la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, que garantice los resultados electorales que lo llevaron al poder.

Asimismo, exigió al Organismo Judicial la destitución inmediata del juez Orellana, cuya conducta, afirmó, constituye una “violación grave al orden constitucional”.

Analistas citados en los textos señalan que el juez penal no tiene competencia sobre asuntos electorales.

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