Proponen tipificar como delito la explotación financiera de adultos mayores en México

Una iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados busca crear un nuevo tipo penal para sancionar con hasta 12 años de cárcel la explotación financiera contra personas mayores de 65 años, un delito que frecuentemente es cometido por familiares cercanos.

En la Cámara de Diputados se analiza una iniciativa, impulsada por la diputada Azucena Huerta Romero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que busca reformar el Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para proteger el patrimonio de este sector vulnerable. La propuesta plantea tipificar el delito de “Explotación Financiera de Adultos Mayores”, el cual sería cometido por quien se apropie, utilice o disponga indebidamente de los recursos, bienes o pensión de una persona mayor de 65 años, valiéndose de una relación de parentesco, confianza o dependencia. La sanción propuesta para este delito es de cuatro a ocho años de prisión y una multa de doscientos a quinientos días. La pena se incrementaría en una mitad, pudiendo alcanzar hasta 12 años de cárcel, si la víctima presenta alguna discapacidad o condición que limite su capacidad para comprender o resistir el abuso. Un cambio fundamental de la iniciativa es que este delito se perseguiría de oficio, eliminando la necesidad de que la víctima denuncie formalmente. Esto busca superar la barrera del actual delito de “abuso de confianza”, que requiere una querella y cuya aplicación es casi nula en estos casos, ya que las víctimas suelen depender de sus agresores y temen denunciarlos. La propuesta también contempla obligaciones para las instituciones financieras, como simplificar los trámites para el cobro de pensiones y establecer protocolos para detectar y notificar a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre transacciones sospechosas en las cuentas de sus clientes mayores, salvaguardando siempre sus datos personales. La iniciativa se apoya en datos de la Condusef, que indican que el 63% de las reclamaciones de adultos mayores ante la banca se deben a posibles fraudes, y del INEGI, que reportó en 2021 que el 4.7% de las mujeres de 60 años o más sufrieron violencia económica por parte de un familiar. El proyecto fue turnado a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis.