El SAT pospone hasta 2027 las multas por no activar el Buzón Tributario

El Servicio de Administración Tributaria ha otorgado una nueva prórroga para la aplicación de multas por no activar el Buzón Tributario, una herramienta clave en la lucha contra la evasión fiscal. La medida da un respiro a los contribuyentes, mientras la autoridad fiscalista prepara nuevas estrategias como las auditorías express para combatir a las empresas fantasma.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que pospondrá hasta 2027 la aplicación de multas para los contribuyentes que no hayan habilitado o mantenido actualizados los datos de su Buzón Tributario. Originalmente, las sanciones económicas, que oscilan entre 3,850 y 11,540 pesos según el Código Fiscal de la Federación, estaban programadas para entrar en vigor el 1 de enero de 2026. Según expertos, este aplazamiento, establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, se debe a que un número considerable de contribuyentes aún no ha cumplido con esta obligación fiscal vigente desde 2020.

El Buzón Tributario es el canal de comunicación oficial y digital entre el SAT y los pagadores de impuestos.

Para que se considere activo, es necesario registrar y validar un correo electrónico y un número de teléfono celular.

La obligación de habilitarlo aplica para la mayoría de las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), incluyendo a quienes tienen ingresos por sueldos y salarios, así como a aquellos sin actividad económica o con situación fiscal suspendida, aunque existen algunas excepciones. Esta herramienta es también un mecanismo para combatir la creación de empresas fantasma. El proceso de activación incluye una función de geolocalización que permite a la autoridad verificar la actividad real de los contribuyentes. En línea con este objetivo, el SAT implementará “auditorías express” para detectar y sancionar la emisión de facturas falsas. Este nuevo procedimiento permitirá a la autoridad suspender de manera inmediata la capacidad de facturación de una empresa sospechosa tras emitir una orden de visita.

Durante la visita, el SAT podrá recabar pruebas como fotos y videos. La empresa auditada dispondrá de cinco días hábiles para presentar pruebas que demuestren la existencia real de sus operaciones. La autoridad fiscal tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para emitir una resolución.

Si la empresa no logra comprobar su legalidad, sus facturas serán declaradas nulas, su RFC será publicado en las listas del SAT y la Secretaría de Hacienda podría iniciar acciones penales.