Casi la mitad de la munición calibre .50 incautada en México proviene de una planta del gobierno de Estados Unidos

Una investigación revela que municiones de alto poder, utilizadas por los cárteles en México para sembrar la violencia, provienen de una fábrica propiedad del gobierno de Estados Unidos, lo que evidencia las complejidades del tráfico de armas transfronterizo.

El secretario de Defensa de México, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que casi la mitad de los cartuchos de calibre .50 incautados a los cárteles desde 2012 provienen de una planta de municiones propiedad del gobierno de Estados Unidos. De los 137,000 cartuchos de este tipo confiscados, el 47 por ciento fue rastreado hasta la Lake City Army Ammunition Plant, ubicada en Misuri, la cual es la mayor fabricante de municiones para el ejército estadounidense. Estas municiones son vendidas en armerías del sur de Estados Unidos y terminan en manos del crimen organizado.

Esta revelación surge a raíz de una investigación de The New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La pesquisa descubrió que, aunque la planta es militar, el ejército estadounidense permite a contratistas privados vender la munición en el mercado civil a través de distribuidores y tiendas minoristas. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno está revisando los informes para dialogar con las autoridades estadounidenses sobre cómo municiones supuestamente de uso exclusivo militar están ingresando a México.

El acceso de los cárteles a este armamento ha tenido consecuencias devastadoras.

Han utilizado fusiles Barrett calibre .50 para derribar helicópteros, asesinar a funcionarios, atacar a las fuerzas de seguridad y matar a civiles. El exsecretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, señaló en 2024 que el blindaje de las fuerzas mexicanas es insuficiente contra la capacidad de penetración de estas balas. El gobierno mexicano estima que anualmente ingresan ilegalmente al país entre 200,000 y 500,000 armas de fuego desde Estados Unidos. México ha intentado frenar este flujo por la vía legal, aunque una demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos fue desestimada por la Corte Suprema el año pasado; otra demanda contra vendedores de armas en Arizona sigue pendiente. La presidenta Sheinbaum ha solicitado mayor cooperación al gobierno de Donald Trump para detener el tráfico de armas, equiparando su importancia a la lucha contra el fentanilo. A pesar de algunas iniciativas conjuntas, funcionarios como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, consideran que el esfuerzo de Estados Unidos "no ha sido suficiente".