El Doble Jaque a los Casinos: La Ofensiva Binacional Contra el Lavado de Dinero en México

La proliferación de casinos digitales en México ha elevado el riesgo de lavado de dinero, provocando una enérgica respuesta de las autoridades financieras nacionales e internacionales que ha puesto al sector en un nivel de alerta máxima.

El riesgo de lavado de dinero a través de juegos y apuestas en México ha aumentado significativamente con la proliferación de los casinos digitales, cuya popularidad creció durante la pandemia. Considerados como actividades vulnerables por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) desde 2013, los casinos pasaron recientemente de ser una actividad de riesgo medio-bajo a una de alto riesgo. Este cambio fue provocado por una acción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que bloqueó 13 casinos en diversos estados por su presunta participación en esquemas de blanqueo de capitales. Las investigaciones revelaron un complejo modus operandi que incluía el uso de efectivo, transferencias internacionales a paraísos fiscales como Panamá y Malta, y el uso de plataformas digitales no supervisadas. Las redes criminales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes a las sumas manejadas —como amas de casa, estudiantes y jubilados— para legitimar fondos ilícitos a cambio de un porcentaje, a menudo sin el pleno conocimiento de estos. Entre los implicados destaca el clan familiar albanés Hysa, acusado en México y Estados Unidos de lavar dinero para organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de casinos y restaurantes. Además, se informó que dos de los casinos bloqueados estarían ligados a Grupo Salinas.

La respuesta de las autoridades ha sido contundente y coordinada. En México, estas acciones se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad, fortaleciendo la inteligencia financiera bajo el nuevo liderazgo de la UIF. A nivel internacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 27 personas y empresas vinculadas a la red del Cártel de Sinaloa, incluyendo al grupo Hysa y sus compañías afiliadas en México, Canadá y Polonia. Como parte de las medidas, se congelaron sus activos en territorio estadounidense y se impusieron restricciones bancarias a diez casinos relacionados con el grupo. El incremento del riesgo se refleja en el aumento de los reportes antilavado enviados por los propios casinos a la UIF, que pasaron de 77 en los inicios de la ley a más de 405,000 en 2024. Ante este panorama, el gobierno mexicano anunció que implementará modelos predictivos con inteligencia artificial para rastrear operaciones sospechosas de manera más eficaz, marcando un punto de quiebre en la supervisión de un sector que, según estimaciones, moviliza anualmente miles de millones de pesos.