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Justicia en el Caso Accendo: Sanción Millonaria e Inhabilitación para Exsecretaria de Finanzas de Puebla

Una exfuncionaria del gobierno de Puebla ha sido encontrada culpable de desvío de recursos y abuso de autoridad, resultando en una multa millonaria y una inhabilitación de dos décadas por su papel en la pérdida de más de 600 millones de pesos en el colapso de Accendo Banco.
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La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial de Puebla declaró a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas durante el gobierno de Miguel Barbosa, como administrativamente responsable de desvío de recursos públicos y abuso de funciones. Como resultado, se le impuso una multa de 362 millones 997 mil 678 pesos y fue inhabilitada para ocupar cargos públicos por un periodo de 20 años. La sanción se deriva de la inversión irregular de 606 millones de pesos del erario público en Accendo Banco en 2021. La inversión, autorizada por Castro Corro y su subsecretario, se realizó entre junio y septiembre de ese año. Apenas unos meses después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la licencia de operación del banco por falta de liquidez, lo que provocó la pérdida total de los fondos públicos invertidos. En abril de 2023, la propia exfuncionaria reconoció públicamente la imposibilidad de recuperar el dinero. La resolución judicial, emitida el 30 de septiembre por unanimidad de tres magistrados, establece que la multa económica equivale al 60 por ciento del daño patrimonial total causado al estado. El tribunal consideró que Castro Corro actuó de manera negligente al destinar fondos a una institución con riesgos financieros evidentes, incumpliendo su deber de salvaguardar el patrimonio estatal. Si bien fue encontrada "plenamente responsable" de desvío de recursos y abuso de funciones, no se le encontró responsable del delito de encubrimiento. El caso Accendo es considerado uno de los mayores escándalos financieros del sexenio anterior en Puebla.

A raíz del quebranto, se presentaron tres denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado.

Además, el actual gobernador instruyó reabrir la carpeta de investigación para esclarecer las responsabilidades.

Castro Corro también enfrenta investigaciones adicionales por el manejo de otros fondos y por omisiones en un litigio fiscal que generó un perjuicio millonario al estado.

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