La CFE instala cabinas telefónicas gratuitas en zonas rurales de México

En una medida que busca cerrar la brecha digital, la Comisión Federal de Electricidad ha comenzado a instalar cabinas telefónicas públicas y gratuitas en diversas comunidades del país. Esta iniciativa, aunque sorpresiva en la era digital, pretende garantizar la comunicación en zonas con acceso limitado a la tecnología.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), ha iniciado un programa para instalar cabinas telefónicas públicas en regiones con acceso limitado a la tecnología, principalmente en zonas rurales. Esta iniciativa forma parte de la estrategia gubernamental “Internet Para Todos” y busca funcionar como una herramienta de inclusión social, permitiendo a personas sin acceso a teléfonos inteligentes o saldo comunicarse con familiares y servicios esenciales. A diferencia de las antiguas casetas, estas nuevas terminales ofrecen llamadas totalmente gratuitas las 24 horas del día, sin necesidad de monedas, tarjetas o algún tipo de registro.

Hasta la fecha, se han instalado 848 cabinas, con una concentración principal en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Su operación se gestiona mediante convenios firmados entre la CFE y los gobiernos municipales correspondientes.

La medida surge en un contexto donde el uso de cabinas telefónicas tradicionales ha disminuido drásticamente. Según datos de diciembre de 2024, en México existían 580,199 cabinas, un 10.6% menos que en 2019, con Telmex controlando el 97.5% de la infraestructura. Mientras en grandes ciudades como la Ciudad de México se ha aprobado el retiro de miles de estas estructuras en desuso, en áreas rurales se presentan como una solución de conectividad básica. Sin embargo, el programa ha recibido críticas de especialistas.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), considera que la reactivación de cabinas responde a un modelo de conectividad anacrónico.

Los críticos argumentan que los recursos públicos deberían destinarse a redes digitales modernas y programas de alfabetización tecnológica.

Además, se ha señalado una falta de transparencia sobre la inversión total del programa y el número de llamadas realizadas, lo que dificulta evaluar su impacto real.