El gobierno de Claudia Sheinbaum cancela el impuesto a videojuegos violentos mediante un estímulo fiscal

El gobierno de México ha neutralizado el recién aprobado impuesto a los videojuegos violentos a través de un decreto presidencial. Esta medida, que otorga un estímulo fiscal del 100%, evita la derogación legislativa de un gravamen que la propia administración había propuesto.

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que otorga un estímulo fiscal del 100% sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos. Esta medida anula en la práctica el cobro del impuesto del 8% que el Congreso había aprobado a propuesta de la misma mandataria y que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2026. La decisión fue justificada por la propia presidenta, quien días antes había anunciado que no se cobraría el gravamen debido a la dificultad para clasificar qué videojuegos se considerarían violentos. En lugar de impulsar una reforma para derogar la ley, el Ejecutivo optó por este estímulo fiscal, que será aplicable siempre y cuando los comercializadores no trasladen el costo del impuesto al consumidor final. El beneficio abarca tanto a la venta de videojuegos en formato físico como a los servicios digitales que permiten su acceso o descarga, incluyendo a proveedores residentes en el extranjero sin establecimiento en México. El decreto especifica que el estímulo será acreditable contra el propio IEPS y no generará derecho a devolución o compensación.

Además, exime a los contribuyentes de ciertas obligaciones administrativas asociadas a este impuesto, como la presentación de avisos o el riesgo de bloqueo de plataformas digitales por incumplimiento.

No obstante, se aclara que esta exención no afecta las obligaciones relacionadas con otros impuestos, como el IVA, ni se considerará ingreso acumulable para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La medida ha generado críticas por parte de la oposición. El diputado panista Héctor Saúl Téllez la calificó como un “paliativo administrativo” para evitar que la presidenta exponga su error, argumentando que el impuesto sigue existiendo legalmente y genera cargas burocráticas. Téllez anunció que su bancada presentará una iniciativa para eliminar el impuesto de forma definitiva. Previamente, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, había señalado que la vía constitucionalmente correcta para anular un impuesto es su modificación o derogación legislativa, no una decisión administrativa del Ejecutivo.