Oaxaca: Entre la Indignación y la Impunidad, la Violencia Criminal Desborda al Estado

El reciente asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán ha desatado una ola de indignación y protestas, poniendo en evidencia la grave crisis de violencia, feminicidios e impunidad que azota al estado de Oaxaca. Estos hechos contrastan con las cifras oficiales del gobierno, que presenta a la entidad como una de las más seguras del país.

La desaparición y asesinato de la niña Noelia Daylen Santiago García, de cuatro años, en Juchitán, ha catalizado la indignación ciudadana en Oaxaca, llevando a organizaciones civiles y vecinos a convocar manifestaciones contra la ola de violencia que afecta a la región del Istmo de Tehuantepec. Este caso, junto al multihomicidio de tres adultos, se enmarca en un contexto de inseguridad creciente que ha posicionado a Juchitán como el municipio más violento del estado en 2025, con cerca de cincuenta homicidios dolosos registrados entre enero y noviembre. Bajo la administración del gobernador Salomón Jara y su denominada “Primavera oaxaqueña”, la violencia en el estado ha aumentado más del veinte por ciento en comparación con el año anterior, con un 85% de los asesinatos vinculados al crimen organizado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La impunidad agrava la situación, superando el 90%, lo que significa que solo uno de cada diez homicidios se esclarece.

Esta falta de justicia ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones.

El panorama de los feminicidios es particularmente alarmante. Colectivos como el de mujeres zapotecas 8 de Marzo denuncian que Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional en este delito, con 79 casos tipificados en lo que va del año, 22 de ellos en el Istmo de Tehuantepec. Estas cifras contradicen la narrativa oficial del gobierno estatal, que en septiembre afirmó que Oaxaca es el quinto estado más seguro del país y reportó una reducción del 16.2% en homicidios dolosos y muertes violentas de mujeres. Activistas acusan a las autoridades de reclasificar los delitos para presentar una disminución que no es real.

En respuesta a la crisis en Juchitán, la Fiscalía de Oaxaca confirmó el despliegue de 500 efectivos federales y estatales en la “Operación Sable”.

Sin embargo, persiste una profunda desconfianza hacia las autoridades.

La fiscalía, encabezada por Bernardo Rodríguez Alamilla, es percibida como ineficaz y sin autonomía, con fallas graves en casos como el de la niña Noelia, cuya familia no fue notificada primero del hallazgo de su cuerpo. A esto se suman denuncias de complicidad policial, corrupción y presuntos vínculos de funcionarios con células criminales, lo que alimenta la percepción de un Estado rebasado por la violencia.