Leyes de Víctimas en Tensión: SCJN Elimina Fondos Mientras Michoacán Busca Fortalecer Apoyos

Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha validado una controvertida reforma que elimina el presupuesto mínimo para la atención a víctimas a nivel federal, generando una enérgica condena por parte de colectivos, en Michoacán el congreso local avanza en una iniciativa para fortalecer su propia ley en la materia.

A nivel federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó una reforma a la Ley General de Víctimas que elimina el tope mínimo presupuestal destinado a las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral. Esta decisión, que ratifica la desaparición del fondo mínimo para la atención a víctimas del delito, ha sido calificada como “regresiva” y una vulneración al “principio de progresividad de los derechos humanos” por parte de la sociedad civil. La resolución de la SCJN provocó la “más enérgica condena” de más de 250 organizaciones sociales, colectivos de víctimas, grupos de búsqueda y activistas. Dichos grupos acusaron a la Corte de “darle la espalda a las víctimas” al avalar una reforma que, según uno de los artículos, fue impulsada por el gobierno de AMLO. Las organizaciones instaron al máximo tribunal a respetar y garantizar los derechos humanos, evitando la reapertura de debates sobre reformas consideradas regresivas.

En contraste con la situación nacional, en el estado de Michoacán se está llevando a cabo un esfuerzo legislativo para robustecer el apoyo a las víctimas. La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXVI Legislatura del Congreso local aprobó el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán. La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), busca fortalecer el sistema de atención a personas víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos.

Según Vicente Gómez Núñez, presidente de dicha comisión legislativa, la iniciativa tiene como objetivo garantizar una vida digna para las víctimas, facilitando su reincorporación a la vida laboral, social y familiar. Entre los beneficios de la reforma se destacan la garantía de una investigación pronta y eficaz, la reparación del daño, el conocimiento de la verdad, la salvaguarda de la integridad física y la atención integral con un enfoque transversal de género y diferencial.

Se espera que el dictamen sea presentado y votado próximamente en el pleno del Congreso del Estado.