Cárteles mexicanos expanden operaciones mientras se debate la cooperación con Estados Unidos

La actividad de los cárteles mexicanos se intensifica a nivel nacional e internacional, abarcando desde el reclutamiento de jóvenes por internet hasta la formación de nuevas alianzas para disputar territorios, mientras se debate la cooperación con Estados Unidos para hacer frente a esta amenaza.

El Comando Sur de Estados Unidos ha defendido el incremento de su presencia militar en el Caribe como un factor de disuasión contra los cárteles del narcotráfico, en el marco de la “Operación Lanza del Sur” impulsada por el presidente Donald Trump para desarticular el tráfico ilícito de drogas. En contraste, el gobierno de México, presidido por Claudia Sheinbaum, se resiste a recibir la ayuda ofrecida por la Casa Blanca, argumentando cuestiones de “soberanía”. Esta postura es criticada en artículos de opinión que citan como ejemplo un exitoso operativo conjunto entre la DEA y la Policía Nacional de España, que desarticuló una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Europa.

En el ámbito nacional, los grupos criminales continúan reconfigurando su poder. El Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), que se creía debilitado tras la captura de su líder José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, en 2020, ha recuperado su hegemonía en Guanajuato. Desde prisión, “El Marro” ha forjado alianzas con los cárteles de Sinaloa y del Golfo para contener al CJNG, lo que se ha reflejado en un aumento del robo de combustible. El gobierno de Estados Unidos ha designado al CSRL como una Organización Criminal Transnacional, afirmando que su líder sigue activo tras las rejas y que el grupo está involucrado en el tráfico de heroína. Paralelamente, los cárteles han intensificado el reclutamiento de jóvenes a través de internet y redes sociales, con cerca de 500 mil niños y adolescentes en riesgo, según estimaciones de ciberpatrullajes.

El CJNG es el grupo con mayor presencia en plataformas digitales para este fin.

Investigaciones señalan que la mayoría de los menores reclutados y detenidos tienen entre 15 y 17 años, aprovechando que la legislación establece sentencias más leves para ellos.

Los programas gubernamentales, como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, se ven superados por este fenómeno que afecta principalmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad.