Avanza Ley Antiextorsión entre Acuerdos y Advertencias por Posible Reducción de Penas

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha aprobado una nueva ley general contra la extorsión que busca homologar el delito a nivel nacional, pero legisladores de oposición advierten que podría reducir las penas en varios estados y beneficiar a criminales sentenciados.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó, con 25 votos a favor y tres abstenciones del PRI, el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La propuesta del Ejecutivo federal, que será votada en el pleno el próximo miércoles, establece que este delito se perseguirá de oficio y contempla una pena base de seis a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 UMAS (Unidad de Medida y Actualización). La nueva legislación contempla 34 agravantes que pueden incrementar la sanción hasta los 25 años de cárcel.

Entre estas se incluyen el "cobro de piso", cometer el delito contra comerciantes, menores de edad, migrantes, o empleando violencia física. Además, la ley prohíbe beneficios preliberacionales para los sentenciados, salvo en casos de colaboración con la justicia, y obliga a las autoridades penitenciarias a impedir el acceso de los reclusos a medios digitales y a bloquear señales de telefonía celular en las prisiones.

Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia.

Legisladores del PAN y del PRI, como Damián Retes y Alejandro Domínguez, advirtieron que la pena mínima propuesta a nivel nacional es inferior a la que ya existe en estados como Baja California, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo.

Sostienen que esto podría resultar en una reducción de sentencias y la liberación anticipada de cientos de delincuentes de alto impacto, quienes podrían apelar a la nueva ley para obtener beneficios. Otras críticas incluyen la falta de presupuesto asignado para la implementación de la ley, lo que podría convertirla en "letra muerta", según el diputado Retes. También se señaló que la propuesta no establece plazos para revisar la estrategia y asigna tareas de investigación a unidades antisecuestro sin modificar la ley correspondiente.

Representantes del PT y PVEM consideraron insuficientes las medidas coercitivas y las multas, proponiendo incluir la tentativa de extorsión y endurecer las sanciones económicas.

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