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Finaliza el decreto para regularizar autos extranjeros y Onappafa promueve amparos

El fin del decreto federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera ha generado incertidumbre, llevando a los propietarios a buscar nuevas vías para legalizar sus unidades y a organizaciones a interponer recursos legales para proteger su patrimonio.
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El decreto federal que permitía la legalización de automóviles usados de procedencia extranjera concluyó su vigencia el pasado 31 de diciembre de 2025. A partir de ahora, los interesados en importar un vehículo deberán acudir directamente a la autoridad aduanera y realizar el trámite bajo las Reglas Generales de Comercio Exterior, las cuales imponen límites de antigüedad y condiciones físico-mecánicas para obtener el pedimento de importación, documento necesario para el emplacamiento. En Baja California Sur, la directora de Ingresos, Claudia Angulo Castro, informó que durante los tres años de vigencia del decreto, de 2021 a 2025, se regularizaron 39 mil automóviles, lo que otorgó certeza jurídica a sus propietarios y fortaleció la seguridad pública. Angulo Castro aclaró que la administración estatal no realiza decomisos, pero advirtió que circular con una unidad irregular puede derivar en sanciones federales por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), incluyendo el posible aseguramiento del vehículo. Ante el cierre del programa, calificado como “repentino y arbitrario”, la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) anunció que promoverá demandas de amparo en Chihuahua para proteger a los propietarios que no lograron concluir su trámite. Estiman que entre 10 mil y 15 mil personas en el estado se encuentran en esta situación.

La organización optará por la vía legal, sin realizar plantones, para defender a quienes ya habían pagado o iniciado el proceso. Onappafa estableció como fecha límite el 18 de enero para que los afectados se sumen a la demanda de amparo, la cual contempla tres supuestos: quienes ya tenían cita o pago, quienes internaron su vehículo antes del cierre con la intención de regularizarlo, y quienes planeaban adquirir uno confiando en la continuidad del programa. Los representantes de la organización alertaron que en estados como Tamaulipas y Coahuila ya han comenzado los decomisos, por lo que existe el riesgo de que estas acciones se extiendan a Chihuahua, considerando el amparo como la última oportunidad para proteger el patrimonio familiar.

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