España Acorrala a Meta: Multa Histórica y Escrutinio Parlamentario por Privacidad y Competencia



Un tribunal mercantil de Madrid ha impuesto una condena histórica a Meta, ordenándole pagar 479 millones de euros (más de 550 millones de dólares) a 87 medios de comunicación y agencias de noticias españolas por competencia desleal. La sentencia concluye que la gigante tecnológica obtuvo una "ventaja competitiva significativa" en el mercado publicitario al utilizar de forma indebida los datos personales de los usuarios de Facebook e Instagram, infringiendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) entre mayo de 2018 y agosto de 2023. Durante este periodo, Meta cambió su base legal para el tratamiento de datos del consentimiento del usuario a la "necesidad de ejecución del contrato", una justificación que los reguladores consideraron inadecuada. La demanda fue impulsada principalmente por la Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a grandes cabeceras como El País, El Mundo y ABC. Para determinar la indemnización, el juez estimó que Meta generó ingresos por publicidad en España superiores a los 5,281 millones de euros durante el periodo de la infracción, señalando que la empresa no aportó sus cuentas de negocio en el país durante el procedimiento. La multa busca compensar las "ganancias no percibidas" por los medios españoles.
Meta ha manifestado su desacuerdo con el fallo, calificándolo de "infundado", y ha anunciado que presentará un recurso de apelación, defendiendo que cumple con todas las leyes aplicables.
Paralelamente a la batalla judicial, el gobierno español ha intensificado la presión sobre la compañía.
El presidente Pedro Sánchez anunció que los responsables de Meta serán citados a comparecer ante el Congreso de los Diputados para rendir cuentas por un presunto caso de espionaje "sistemático y masivo". Esta acción se deriva de una investigación académica que reveló que Meta habría empleado un sistema oculto para rastrear la actividad web de usuarios de Android, incluso cuando navegaban en modo incógnito o usaban una VPN. Sánchez afirmó que estas prácticas no deben quedar impunes y que "en España la ley está por encima de cualquier algoritmo".







