La Cámara de Diputados mantiene congeladas 30 iniciativas contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado

A pesar de la urgencia nacional y el consenso político, al menos 30 iniciativas para tipificar y sancionar el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos se encuentran estancadas en la Cámara de Diputados.

En la Cámara de Diputados permanecen sin dictaminar al menos 30 iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios para tipificar como delito el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. Las propuestas, que plantean penas de 20 y hasta 140 años de prisión, no han avanzado a pesar de que el gobierno federal lo considera una prioridad en su Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (Pronapinna). Según estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), entre 145 mil y 250 mil menores de edad están en riesgo de ser reclutados por grupos criminales, principalmente en entidades como Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Estado de México y Jalisco. Estos territorios se caracterizan por contextos de pobreza, abandono escolar, violencia familiar y ausencia de protección estatal. La urgencia del tema resurgió tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, a manos de un joven de 17 años identificado como sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación. Legisladores como Kenia López (PAN), presidenta de la Cámara, y Ricardo Mejía (PT) han subrayado la necesidad de actuar. López confía en que se logren acuerdos para aprobar una reforma en el próximo periodo de sesiones que inicia en febrero, la cual debe incluir aspectos preventivos y punitivos. Por su parte, Mejía señaló que la Comisión de Justicia planea reunirse en enero para discutir las propuestas y definir el tipo penal, con el fin de detener la "sangría de nuestros jóvenes usados por la delincuencia organizada". Entre las iniciativas destaca la del diputado panista Héctor Saúl Téllez, que propone hasta 140 años de cárcel para los reclutadores. Ante la inacción legislativa, Redim presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que México carece de una política pública integral para prevenir el reclutamiento y que el marco legal actual no reconoce a los menores reclutados como víctimas. La organización solicitó a la CIDH instar al Estado mexicano a tipificar el delito y crear un programa nacional de desvinculación y reparación integral para las víctimas.