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La encrucijada de Betssy Chávez: entre la orden de captura en Perú y el asilo diplomático de México

La justicia peruana ha ordenado la captura y prisión preventiva de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima, intensificando la crisis legal y diplomática en torno a su presunto papel en el intento de golpe de Estado de 2022.
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Un juez supremo de Perú emitió una orden de captura nacional e internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva contra la exprimera ministra Betssy Chávez, acusada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. La decisión del juez Juan Carlos Checkley se fundamenta en el “palpable” peligro de fuga, debido a que Chávez incumplió con el control biométrico y no asistió a audiencias judiciales mientras se encontraba bajo comparecencia con restricciones. Actualmente, la exfuncionaria permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima, país que le otorgó asilo diplomático hace dos semanas.

Chávez enfrenta cargos por rebelión y/o conspiración.

Previamente, estuvo en prisión preventiva desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su liberación al determinar que la prolongación de su detención fue irregular. Tras refugiarse en la sede diplomática mexicana el 3 de noviembre, la Fiscalía solicitó el cambio de su situación legal a prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y obstaculización del proceso, que se encuentra en su etapa final. En el ámbito político, el Congreso peruano también ha tomado acciones contra Chávez. Aunque un primer intento de inhabilitarla para ejercer cargos públicos por 10 años no alcanzó los votos necesarios, la Comisión Permanente aprobó un segundo informe con la misma recomendación, el cual será debatido en el pleno. Las acusaciones parlamentarias señalan que Chávez tuvo un “rol determinante” en el intento de quiebre del orden constitucional, facilitando la transmisión del mensaje en el que Castillo anunció el cierre del Congreso.

La situación ha provocado una ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México. El gobierno peruano, ahora encabezado por José Jerí, considera el asilo una injerencia en sus asuntos internos y ha suspendido la entrega del salvoconducto que permitiría a Chávez viajar a México. Lima busca revisar la Convención de Caracas sobre asilo diplomático en la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha anunciado que presentará una denuncia internacional contra México. A pesar de la tensión, el primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, aseguró que su país respetará el derecho internacional y no irrumpirá en la embajada.

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