La Corte Suprema de Estados Unidos rechaza la apelación de Citigroup en la demanda por el fraude de Oceanografía



La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar una solicitud de Citigroup para desestimar una demanda que acusa al banco de orquestar un fraude en la empresa mexicana de servicios petroleros Oceanografía, causando pérdidas superiores a los mil millones de dólares. Con esta decisión, los jueces mantienen en pie un fallo de un tribunal inferior de mayo de 2025 que revivió la demanda presentada por más de 30 reclamantes, entre los que se incluyen tenedores de bonos de Oceanografía, compañías navieras y el banco Rabobank, con sede en los Países Bajos. El caso se remonta a las operaciones entre la unidad Banamex de Citigroup y Oceanografía, que prestaba servicios de perforación a Petróleos Mexicanos (Pemex). Los demandantes acusan a Banamex de haber adelantado 3,300 millones de dólares a Oceanografía entre 2008 y 2014, a pesar de tener conocimiento de que la empresa mexicana tenía un exceso de deuda y había falsificado firmas de funcionarios de Pemex en documentos de autorización. Posteriormente, Citigroup descubrió 430 millones de dólares en anticipos fraudulentos.
Oceanografía fue embargada por el gobierno mexicano en 2014 y se declaró en quiebra dos años después.
En 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) multó a Citigroup con 4.75 millones de dólares debido a fallas en los controles internos de Banamex. Un tribunal de apelaciones consideró que las acusaciones de que Citigroup ocultó información clave a los demandantes mientras se beneficiaba de los intereses eran suficientes para continuar con el juicio, señalando que "resulta difícil de creer" que un banco tan sofisticado no estuviera al tanto de las acciones de Oceanografía. En su recurso ante la Corte Suprema, Citigroup argumentó que no se debería haber permitido a los tenedores de bonos demandar bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia (RICO), que permite el pago del triple de los daños. Sin embargo, los tenedores de bonos respondieron que el Congreso no tenía la intención de excluir sus demandas bajo esta ley simplemente porque otros organismos, como la SEC, pudieran presentar cargos por fraude de valores.










