Costco Encabeza Rebelión Corporativa: La Batalla Legal que Desafía los Aranceles de Trump y el Poder Presidencial

El gigante minorista Costco ha iniciado una batalla legal contra la política arancelaria de la administración Trump, una disputa que ha escalado hasta la Corte Suprema y podría redefinir la política comercial de Estados Unidos.

Costco, junto a más de 70 empresas como Revlon, Kawasaki y Toyota, ha presentado una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional para impugnar la legalidad de los aranceles impuestos por Donald Trump. El argumento central es que el presidente excedió sus facultades al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA), diseñada para crisis nacionales, para aplicar gravámenes masivos a productos de casi todo el mundo, con tasas de hasta el 145%. La demanda, presentada el 28 de noviembre, busca no solo la anulación de las tarifas, sino también el reembolso de los millones de dólares ya pagados. La urgencia de la acción legal responde a que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está próxima a finalizar el proceso de 'liquidación' de estos pagos, lo que impediría a las empresas recuperar su dinero incluso si la Corte Suprema falla a su favor. Costco solicitó una prórroga que fue denegada, motivando su intervención judicial para asegurar su derecho a un reembolso completo del total recaudado, que asciende a aproximadamente 90,000 millones de dólares. Aunque tribunales inferiores ya han fallado en contra del gobierno, los aranceles se mantienen vigentes a la espera de la decisión final de la Corte Suprema, que ha mostrado escepticismo sobre su legalidad. La administración Trump ha defendido enérgicamente su política, calificándola como vital para el país.

Sin embargo, plataformas de predicción otorgan altas probabilidades a un fallo en su contra.

El caso trasciende el ámbito corporativo, pues los aranceles han provocado un aumento de precios en sectores como ropa, metales y electrónicos, afectando directamente a los consumidores. La resolución de la Corte, esperada a más tardar en junio de 2026, sentará un precedente sobre los límites del poder presidencial en materia económica y determinará el futuro de la estrategia comercial estadounidense.