El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos crece 120 por ciento al contratar 12 mil nuevos agentes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. ha experimentado una expansión sin precedentes, duplicando su personal y aumentando su presupuesto a niveles comparables con los de ejércitos de varias naciones, en medio de una estrategia migratoria más estricta.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) incrementó su fuerza operativa en un 120 % tras la incorporación de 12,000 nuevos agentes migratorios, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta cifra supera la meta original de 10,000 agentes planteada por la administración del presidente Donald Trump y eleva el total de personal de la agencia a 22,000 oficiales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que los nuevos agentes ya han sido desplegados en diversas comunidades del país para reforzar operativos migratorios, investigaciones, arrestos y procesos de deportación. Esta expansión fue posible gracias a una legislación impulsada por el gobierno de Trump, que dotó a la agencia de un presupuesto estimado en 75,000 millones de dólares, una cifra superior a la de muchos ejércitos a nivel mundial y que, según especialistas, convertirá a ICE en la agencia de seguridad con mayor capacidad presupuestaria de EE.UU. El DHS anticipó que la meta es alcanzar hasta un millón de deportaciones anuales. Para lograr este crecimiento, el DHS lanzó una campaña nacional de reclutamiento bajo el lema “Defend the Homeland” en plataformas digitales, la cual generó más de 220,000 solicitudes. Además, se flexibilizaron los requisitos de contratación, eliminando el límite máximo de edad y permitiendo que cualquier persona mayor de 18 años pudiera postularse. Este fortalecimiento de ICE se produce en un contexto de crecientes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los migrantes. Dichas organizaciones han denunciado un aumento en los casos de presuntos abusos durante las detenciones, el uso excesivo de la fuerza y arrestos erróneos de ciudadanos estadounidenses, lo que ha generado preocupación entre activistas y comunidades migrantes.