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El Caso Chávez: Un Conflicto Diplomático que Escala y Fractura a la Región

La concesión de asilo diplomático por parte de México a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez ha desencadenado una grave crisis diplomática con Perú, escalando a una ruptura de relaciones y la intervención de otros actores regionales.
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Un juez supremo peruano ordenó la captura internacional y cinco meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima. La exfuncionaria es procesada por el presunto delito de rebelión, relacionado con su participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022, y la fiscalía solicita una pena de 25 años. El juez Juan Carlos Checkley argumentó que el riesgo de fuga era "palpable" debido a que Chávez incumplió con la obligación de someterse a un control biométrico y no asistió a audiencias judiciales. Previamente, Chávez estuvo en prisión preventiva desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024, pero fue liberada por el Tribunal Constitucional al considerar su detención arbitraria. Como respuesta al asilo, el gobierno de transición de Perú, encabezado por José Jerí, rompió relaciones diplomáticas con México, las cuales ya se encontraban sin embajadores desde 2023. El gobierno peruano considera el asilo una "inaceptable injerencia" en sus asuntos internos y anunció que denunciará a México ante instancias internacionales.

A raíz de la orden judicial, las autoridades peruanas reforzaron la seguridad policial en torno a la sede diplomática mexicana, generando tensión. Sin embargo, el primer ministro, Ernesto Álvarez, descartó categóricamente cualquier intención de irrumpir en la embajada, asegurando el respeto al derecho internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó haber recibido garantías formales de Perú sobre la inviolabilidad de sus sedes. La crisis escaló a nivel regional cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, amenazó con retirar su misión diplomática de Lima si Perú "agrede" la embajada mexicana. Mientras tanto, el conflicto se encuentra en un punto muerto: México ha solicitado formalmente el salvoconducto para que Chávez pueda viajar a su territorio, amparándose en la Convención de Caracas. No obstante, el gobierno peruano ha pospuesto la decisión, alegando que primero consultará con la Organización de Estados Americanos (OEA) una posible modificación de dicha convención, un proceso que podría tardar semanas o meses.

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