De la Cúpula al Banquillo: Exministro Cubano Enfrenta Graves Acusaciones de Espionaje y Corrupción

La Fiscalía General de Cuba ha imputado formalmente al exministro de Economía, Alejandro Gil, por una serie de graves delitos que incluyen espionaje y corrupción, marcando uno de los mayores escándalos políticos en la isla en décadas.

Alejandro Gil, quien se desempeñó como vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación de Cuba entre 2019 y 2024, enfrenta graves acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República. Tras una investigación de casi dos años, Gil fue imputado formalmente por delitos que van desde espionaje y actos en perjuicio de la actividad económica hasta malversación y lavado de activos, convirtiéndose en el funcionario de más alto rango procesado por corrupción en el país en las últimas décadas. Gil fue destituido de su cargo en febrero de 2024 por el presidente Miguel Díaz-Canel.

En un principio, las autoridades informaron que la destitución se debía a "graves errores" en su gestión.

Un mes después, se confirmó el inicio de una investigación penal. Desde entonces, no se ha sabido nada del exministro, quien, según una de las fuentes, ha permanecido en prisión provisional durante un año y siete meses y no ha respondido públicamente a las acusaciones.

La lista de cargos es extensa. Además de espionaje, la fiscalía lo acusa de cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, así como sustracción y daño de documentos oficiales. En el proceso también están implicadas otras personas, aunque sus identidades y el número total de acusados no han sido especificados por las autoridades.

Tampoco se ha revelado a quién beneficiaban las presuntas actividades de espionaje. La Fiscalía ha solicitado penas de prisión para los acusados acordes a los hechos cometidos, aunque no se ha fijado una fecha para el juicio. El código penal cubano contempla sanciones severas para el espionaje, que van desde los 10 años de cárcel hasta la pena de muerte.

Las autoridades cubanas han asegurado que los acusados serán sometidos a un debido proceso conforme a la legislación del país.

Este caso se desarrolla en un contexto de profunda crisis económica en la isla, la cual se vio agravada por medidas impopulares defendidas por Gil, como el aumento de precios a servicios subvencionados.

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