Implementación y Controversia de la CURP con Datos Biométricos en México

El gobierno de México ha iniciado la implementación de una nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos que busca convertirse en el documento de identificación oficial. Sin embargo, la medida ha generado controversia y enfrenta desafíos legales por preocupaciones sobre la privacidad y el manejo de datos personales.

La nueva CURP con datos biométricos, que comenzó a tramitarse en algunos estados como Zacatecas desde julio, integrará fotografía del rostro, huellas dactilares, escaneo de iris y firma electrónica.

El objetivo gubernamental es fortalecer la seguridad, agilizar trámites y prevenir el robo de identidad. El proceso para obtenerla dura entre cinco y diez minutos, requiere una cita previa en el portal del Registro Nacional de Población (Renapo), una identificación oficial y un correo electrónico. Por el momento, solo se emite un acuse del trámite y se espera que el documento físico sea expedido posteriormente. Este nuevo documento pretende ser una identificación oficial para todos los mexicanos, sin importar la edad, y se prevé que sea obligatorio para realizar cualquier trámite público o privado, llegando a sustituir a la credencial del INE. Entre los beneficios citados se encuentra la facilitación de la identificación para personas de la tercera edad que han perdido sus huellas dactilares, quienes podrían usar su firma electrónica. Para los menores de edad, los requisitos varían según su edad, solicitando constancias de estudio o cartillas de vacunación con fotografía.

No obstante, la iniciativa ha encontrado una fuerte oposición. Organizaciones civiles como Cruzada por la Familia han interpuesto amparos en más de 15 estados, argumentando que la obligatoriedad de proporcionar datos biométricos viola los derechos humanos a la libertad y la privacidad.

Como resultado, un Juzgado Federal en Chihuahua concedió 15 suspensiones definitivas para evitar que los ciudadanos sean forzados a entregar su información.

Los críticos señalan que el gobierno busca centralizar datos sensibles en una "Plataforma Única de Identidad" administrada por la Secretaría de Gobernación. Las preocupaciones se centran en el posible uso de esta información con fines ideológicos y de control, calificando la medida como un acto de "hipervigilancia".

Los opositores argumentan que, aunque se menciona un "consentimiento previo", este es meramente formal, ya que los ciudadanos se verían obligados a otorgarlo para no ver restringido su acceso a derechos y servicios básicos. Además, se teme que esta plataforma pueda tener acceso a registros de entidades privadas y a la geolocalización de las personas, generando un "efecto amedrentador" sobre las libertades fundamentales.