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Implementan la CURP biométrica en México entre nuevos requisitos y debates sobre privacidad

La implementación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos avanza en México, generando información sobre su proceso, las sanciones aplicables y las propuestas legislativas que rodean a este nuevo documento de identidad.
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La nueva CURP biométrica, que busca modernizar la identificación oficial en México, ya se está implementando de forma gradual. Este documento asocia datos como el rostro, huellas dactilares, escaneo de iris y firma autógrafa a la clave existente para reforzar la seguridad y reducir riesgos de suplantación. El trámite, que de momento es voluntario para la ciudadanía, requiere agendar una cita en el portal del Registro Nacional de Población (RENAPO). Los módulos habilitados hasta febrero de 2026 se encuentran en la Ciudad de México, Michoacán y Zacatecas. Para los menores de edad, el proceso varía. La Secretaría de Gobernación confirmó que la edad mínima para el registro de huellas dactilares es de 5 años, ya que antes de esa edad no se han desarrollado por completo. En menores de 5 años, se puede realizar la captura de la fotografía del rostro y el escaneo del iris.

El trámite para cualquier menor de 18 años debe ser autorizado y acompañado por un padre o tutor, quien también debe presentar su propia identificación.

Contrario a la desinformación, los ciudadanos no serán multados por no tramitar la CURP biométrica.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece sanciones económicas únicamente para las autoridades de los tres órdenes de gobierno y entidades particulares, como instituciones financieras o educativas, que incumplan con las nuevas disposiciones. Las multas, que van de 10,000 a 20,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), aplican si estas entidades no aceptan la CURP biométrica como identificación oficial.

La concentración de datos biométricos en manos del Estado ha generado preocupación. En respuesta, el diputado Francisco Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Protección de Datos Personales. La propuesta busca garantizar que los datos biométricos sean propiedad exclusiva de cada persona, prohibiendo el uso de sistemas como el reconocimiento facial sin el consentimiento explícito del individuo o una autorización judicial, con el fin de proteger la privacidad y evitar la vigilancia indebida.

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