CURP Biométrica en México: Entre la Modernización Obligatoria y los Riesgos de Ciberseguridad

El gobierno de México ha iniciado la expedición de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, un nuevo documento de identidad que, a pesar de presentarse con información contradictoria sobre su obligatoriedad, busca unificar la identificación a nivel nacional.

Desde el 16 de octubre de 2025, los ciudadanos en México pueden tramitar la nueva CURP con datos biométricos, una versión modernizada que busca fungir como identificación oficial válida en todo el país. Este documento integra, además de los datos personales tradicionales, información como fotografía, huellas dactilares, escaneo de iris y firma electrónica, con el fin de aumentar la seguridad y dificultar su falsificación. El trámite se realiza de manera presencial en módulos del Registro Nacional de Población (Renapo) y oficinas del Registro Civil, con 145 centros de atención mencionados a nivel nacional y operaciones confirmadas en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Zacatecas. En la capital, es necesario agendar una cita en el portal oficial para acudir al módulo ubicado en la Calle de Londres 102.

Los requisitos incluyen acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente, CURP tradicional y comprobante de domicilio.

Próximamente, se habilitará el trámite digital a través de la plataforma Llave MX.

Existe una notable contradicción en los informes sobre su obligatoriedad.

Mientras una fuente asegura que su expedición es voluntaria y gratuita, otras señalan que será un requisito indispensable para cualquier trámite oficial a partir de febrero de 2026, fecha en que la CURP tradicional perdería validez. Aunque no se contempla una multa directa para los ciudadanos que no la obtengan, no contar con ella podría restringir el acceso a servicios de salud, educación, programas sociales y trámites bancarios o notariales. Por el contrario, las instituciones públicas y privadas que no la exijan podrían enfrentar multas de entre 1.13 y 2.26 millones de pesos. Esta iniciativa ha generado preocupación entre organizaciones como México Evalúa y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, quienes advierten sobre los riesgos de seguridad que implica la centralización de datos biométricos y cuestionan la capacidad del gobierno para proteger esta información sensible ante posibles ataques informáticos.