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La CURP con datos biométricos en México: Obligatoriedad, riesgos y funcionamiento

El gobierno de México ha implementado una nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, generando un debate sobre su obligatoriedad y los riesgos de seguridad que implica una base de datos centralizada.

La nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos entró en vigor el 17 de julio, iniciando su uso formal el 16 de octubre tras un plazo de 90 días para su adopción. Esta versión avanzada, disponible en formato físico y digital, complementa los 18 caracteres alfanuméricos y datos personales (nombre, sexo, lugar de nacimiento y nacionalidad) con información biométrica que incluye huellas digitales, escaneo de iris, fotografía de rostro completo y firma electrónica. La Secretaría de Gobernación, a través del Renapo, será la encargada de administrar la base de datos, mientras que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones gestionará la versión digital.

Existe una contradicción sobre su carácter obligatorio.

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Gobernación han afirmado que su uso es “opcional”, el Artículo 91 Bis de una reforma de ley publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio establece que la CURP “será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”. La misma ley obliga a todo ente público o particular a solicitarla para la prestación de trámites y servicios, y prevé multas de entre 1.13 y 2.26 millones de pesos para quienes incumplan reiteradamente.

Se ha aclarado que la CURP biométrica no sustituirá a la credencial del INE como identificación oficial. En cuanto a la seguridad, el gobierno sostiene que la infraestructura es sólida. Sin embargo, la Red en Defensa de los Derechos Digitales ha expresado su preocupación, argumentando que una base de datos biométricos centralizada, masiva y obligatoria representa “graves riesgos para la privacidad, la seguridad y los derechos humanos” de más de 130 millones de personas, al convertirse en un objetivo valioso para ataques informáticos. Un ejemplo del uso de datos biométricos para identificación es el caso de Jalisco, donde una colaboración entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el INE permitió identificar a 1,159 personas fallecidas mediante el cruce de huellas dactilares con la base de datos del INE, facilitando su restitución a sus familias.

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