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El Precio de la Integridad: Funcionaria del Poder Judicial Cesada Tras Denunciar Corrupción Interna

Erika Cleotilde Méndez Ríos, directora en el Órgano de Administración Judicial (OAJ), fue destituida de su cargo como represalia por denunciar el uso ilegal de una clave de usuario para realizar registros administrativos, presuntamente por órdenes de una superior. Su caso expone la tensión entre la integridad personal y las presiones de poder dentro de las instituciones públicas.
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Erika Cleotilde Méndez Ríos, quien se desempeñaba como directora de Movimientos de Personal en el Órgano de Administración Judicial (OAJ), fue cesada de su cargo después de presentar una denuncia interna ante la Contraloría. La funcionaria señaló que un subdirector, Pedro Tapia Tajonar, utilizó sin consentimiento la clave de usuario de otra empleada para efectuar registros administrativos en el sistema del organismo, el cual es de reciente creación en el marco de las reformas de la Cuarta Transformación. Según la denuncia de Méndez Ríos, documentada en un video que se difundió internamente, Tapia Tajonar actuó por "órdenes superiores" de una figura a la que se refirió como "la maestra".

Fuentes internas del OAJ han identificado a esta persona como Laura Sandra Hasbach Melchor, directora general de Recursos Humanos.

Aunque no se precisó el tipo de registros, una fuente extraoficial indicó que podrían estar relacionados con el alta de una persona en el kárdex del Poder Judicial de la Federación con el fin de generar un pago indebido. En la grabación, Méndez Ríos se despide de su equipo y afirma que su despido es "el precio de decir la verdad" y de "ser de una sola pieza".

Con la voz entrecortada, expresó su orgullo por haber actuado correctamente y exhortó a sus colaboradores a no claudicar en sus valores ni dejarse presionar por el poder. "Hay cosas que no se negocian en la vida. La mentira y la corrupción son una de ellas", manifestó la exdirectora, quien tenía seis años de experiencia en la administración judicial, tanto en el Consejo de la Judicatura Federal como en el OAJ. El caso de Méndez Ríos trasciende el ámbito administrativo y se convierte en un símbolo de la lucha contra la corrupción y el abuso de poder. Su valiente denuncia y posterior despido plantean un cuestionamiento sobre el espacio que tiene la ética en las estructuras públicas, donde las represalias contra quienes exponen irregularidades son una práctica común.

Como ella misma concluyó en su mensaje, "la integridad no se compra ni se negocia.

Es lo único que nadie puede quitarte".

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