El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensifica su ofensiva contra las redes financieras de los cárteles mexicanos

El gobierno estadounidense está cambiando su estrategia contra los cárteles mexicanos, enfocándose en desmantelar sus sofisticadas operaciones de lavado de dinero que cada vez más utilizan criptomonedas para mover sus ganancias.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha redirigido sus esfuerzos para combatir a los cárteles de la droga más violentos de México, centrándose ahora en sus redes financieras. La estrategia busca desmantelar las operaciones de lavado de dinero que sostienen a grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, apuntando directamente a los intermediarios financieros que han adaptado sus tácticas ante la presión de las autoridades. Estos operadores canalizan cada vez más las ganancias del narcotráfico desde ciudades estadounidenses hacia México mediante el uso de criptomonedas. “Si cortas el dinero, dañas a los cárteles”, afirmó A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la división penal del Departamento de Justicia. Como parte de esta ofensiva, recientemente se procesó en Estados Unidos a cuatro acusados enviados desde México: Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa y César Linares Orozco, quienes enfrentan cargos de conspiración para lavar dinero en un tribunal federal de Kentucky. Estos individuos son presuntos intermediarios que organizan la recolección de efectivo en diversas ciudades de EE. UU. y lo mueven a través de la frontera, quedándose con una comisión. Los métodos incluyen tanto el contrabando de efectivo a granel como la compra y comercio de activos digitales para eludir la detección. La administración de Donald Trump ha reestructurado la División Criminal del Departamento de Justicia para integrar a fiscales de narcóticos con expertos en lavado de dinero, reflejando un cambio estratégico. Las autoridades esperan que el traslado de estas figuras a Estados Unidos no solo sirva como disuasión, sino que también incentive la cooperación para presentar cargos contra líderes de mayor rango dentro de las organizaciones criminales. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el gobierno mexicano ha entregado a más de 90 acusados de alto nivel en tres transferencias, la más reciente en enero con 37 personas. Estas acciones han generado un debate legal en México, donde abogados y familiares de los acusados argumentan que los envíos se realizaron ilegalmente sin órdenes de extradición.

Sin embargo, el gobierno mexicano ha defendido las transferencias como legales y ejecutadas en nombre de la seguridad nacional. Algunos observadores consideran estas entregas como una concesión a las amenazas de Trump de usar la fuerza militar contra los cárteles.