Bajo Fuego: La legalidad de la ofensiva militar de EE. UU. contra el narcotráfico en el Caribe, a debate en el Congreso

Un ataque militar de Estados Unidos contra una presunta embarcación de narcotraficantes en el Caribe ha desatado una intensa controversia en Washington, donde el Congreso investiga la legalidad de la operación y si se emitió una orden de 'matar a todos'.

El almirante de la Marina Frank Mitch Bradley negó ante legisladores de Estados Unidos haber recibido una orden de "matar a todos" por parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante un ataque militar el 2 de septiembre contra una presunta embarcación de narcotráfico en el mar Caribe. Bradley, quien comandó la operación, compareció en el Capitolio junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en sesiones informativas clasificadas en medio de una creciente investigación del Congreso sobre la legalidad del incidente. La comparecencia y un video del ataque expusieron profundas divisiones entre los legisladores. El senador republicano Tom Cotton defendió la ofensiva, afirmando que los dos sobrevivientes abatidos en un segundo ataque intentaban recuperar la lancha "cargada de drogas".

En contraste, los demócratas expresaron su consternación.

El representante Adam Smith describió a los sobrevivientes como "dos personas sin camisa que se aferraban a la proa de un barco volcado" antes de ser asesinados con misiles, calificando el video como "sumamente preocupante". El representante Jim Himes lo consideró "una de las cosas más perturbadoras" que ha visto en el servicio público. Este incidente forma parte de una campaña militar más amplia del gobierno de Donald Trump contra presuntos narcotraficantes, que ha causado más de 80 muertes en aproximadamente 20 ataques.

La administración justifica estas acciones argumentando que los traficantes son combatientes armados que amenazan vidas estadounidenses.

Sin embargo, el Congreso no ha autorizado explícitamente este uso de la fuerza militar. Los demócratas exigen la renuncia de Hegseth y la publicación de documentos clave, incluido un memorando de la Casa Blanca que justifica legalmente los ataques, fechado después del incidente del 2 de septiembre.

Las repercusiones legales y diplomáticas han comenzado a surgir.

La familia de Alejandro Carranza, un pescador colombiano fallecido en un ataque similar el 15 de septiembre, presentó una denuncia contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), negando cualquier vínculo con el narcotráfico. Organismos como la ONU han cuestionado la legalidad de estas muertes sin juicio. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera la operación como un intento de provocar un cambio de régimen en su país.