El gobierno mexicano investiga una presunta vulneración masiva de datos personales en instituciones públicas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha iniciado una investigación de oficio ante la presunta vulneración de bases de datos personales en diversas instituciones públicas, indagando todas las hipótesis posibles, desde un hackeo externo hasta una filtración interna.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), encabezada por Raquel Buenrostro, inició diversos procedimientos de investigación de oficio tras identificar una presunta vulneración de bases de datos con información personal en posesión de distintas dependencias del Ejecutivo Federal. La dependencia, que no precisó cuáles fueron las instituciones afectadas, tuvo conocimiento de los hechos a través de información difundida públicamente y del monitoreo permanente de posibles incidentes de seguridad. El objetivo de las indagatorias es analizar el origen del incidente, detectar posibles fallas en las medidas de seguridad, deslindar responsabilidades y determinar las infracciones administrativas que correspondan. Aunque en espacios de la “deep web” se presume que la información se obtuvo mediante un hackeo, la investigación considera todas las hipótesis, incluyendo el uso indebido de credenciales de acceso o una eventual filtración interna. Entre los incidentes previos mencionados se encuentra una filtración atribuida a un hacker conocido como “Eternal” y otra que afectó las credenciales de más de 111,000 contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Otras instituciones que se presume han sido afectadas son el Portal del Empleo y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las investigaciones se desarrollan con estricto apego a los principios de reserva y confidencialidad para no comprometer su eficacia ni la integridad de las evidencias. Las instituciones involucradas deberán cooperar con la SABG y, en su caso, presentar las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes. Los procedimientos podrán concluir con observaciones y recomendaciones técnicas para corregir vulnerabilidades y fortalecer las medidas de seguridad, como los controles de acceso y la supervisión del personal. La secretaría advirtió que si se detecta la participación de algún servidor público en conductas que pudieran constituir un delito, se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) conforme a la normatividad aplicable.