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Casos de Extorsión a Empresarios en Veracruz y Puebla

La extorsión se manifiesta como una grave amenaza para el sector empresarial en México, con recientes casos en Veracruz y Puebla que exponen la presunta implicación de funcionarios públicos y disputas corporativas que escalan a nivel delictivo.

En Veracruz, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta serias acusaciones de corrupción y extorsión por parte de empresarios. Las denuncias señalan a funcionarios, incluido el delegado Gonzalo Medina Palacios, de operar una red que exige “cuotas” de entre 50 mil y 500 mil pesos a negocios a cambio de permitirles operar. Las víctimas que se niegan son amenazadas con la fabricación de delitos. Según la Coparmex estatal, dos de cada tres empresarios locales han sido víctimas de extorsión, ya sea por parte del crimen organizado o de autoridades.

Las investigaciones federales sugieren posibles vínculos de estos funcionarios con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo (CDG). Nombres como Juan Miguel Cervantes Álvarez, “El Momo”, e Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, son mencionados como operadores criminales que gozan de protección.

Una investigación confidencial también indaga la posible filtración de información desde la oficina del delegado Medina Palacios durante un operativo en Boca del Río, lo que resultó en la muerte de un agente federal. Paralelamente, en un caso distinto, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Miguel Ángel N., también identificado como Miguel Ángel Celis, sobrino de la fallecida empresaria Socorro Romero Sánchez. Se le acusa de extorsionar a un socio de la empresa familiar “SOCORRO ROMERO SÁNCHEZ, S.A. de C.V.”, ubicada en Tehuacán, Puebla. La detención fue ejecutada por agentes de la Fiscalía de Puebla en colaboración con sus homólogos de la Ciudad de México. El conflicto se originó por presuntas irregularidades financieras y egresos no justificados en la compañía, en el marco de una disputa por una herencia valorada en más de 600 millones de dólares. Según la denuncia, Miguel Ángel N. excluyó a la víctima de la operación de la empresa y le exigió la entrega del 50% de las acciones. En febrero de 2024, el afectado recibió llamadas telefónicas con amenazas contra su integridad y la de su familia si no cedía a la demanda. Tras su captura, el imputado fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Tehuacán para continuar con su proceso penal.