Autoridades detienen en Cancún a un hombre por pornografía infantil y trata de personas



Miguel Francisco “N” fue detenido en el municipio de Benito Juárez, Cancún, por su probable participación en los delitos de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil. La captura fue el resultado de una colaboración internacional que comenzó con denuncias de agencias de Estados Unidos, las cuales alertaron a las autoridades mexicanas sobre las actividades ilícitas. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo solicitó y obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada por agentes ministeriales. La investigación se originó a partir de tres informes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, canalizados a través de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) a la Dirección Científica de la Guardia Nacional de México. Según las indagatorias, el imputado utilizaba un pseudónimo, junto con correos electrónicos y números telefónicos, para producir, almacenar y distribuir imágenes y videos de menores de edad. Las autoridades rastrearon las actividades hasta una conexión a internet localizada en Playa del Carmen, vinculada a una cuenta de correo electrónico usada por el sospechoso.
Los dictámenes periciales realizados por la FGE confirmaron la naturaleza del material.
Un análisis en medicina, basado en la escala Tanner, determinó que parte de los archivos correspondían a personas de sexo femenino, mientras que un dictamen en psicología forense concluyó que en los contenidos aparecían menores de 18 años, tanto niños como niñas, realizando actos de exhibicionismo corporal y siendo víctimas de agresiones sexuales graves. Este caso se suma a otras detenciones recientes en la región, como las de Juan José “N” en Cancún y José Efraín “N” en Puerto Morelos en diciembre, ambos vinculados a proceso por delitos similares.
Las autoridades han advertido sobre el creciente riesgo que representan estos grupos delictivos para los jóvenes.
Miguel Francisco “N” fue puesto a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica en el plazo constitucional correspondiente.










