Detienen en Monterrey al director de Grupo Vanguardia Armando Castilla Galindo

El director general de Grupo Vanguardia, Armando Castilla Galindo, fue detenido en Monterrey, Nuevo León, en un operativo que su propia casa editorial ha calificado como ilegal y arbitrario, interpretándolo como un acto de acoso judicial y un ataque a la libertad de prensa.

La mañana de este viernes, alrededor de las 10:00 horas, Armando Castilla Galindo, director general de Grupo Vanguardia, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. El operativo fue ejecutado por elementos de la Fiscalía de Nuevo León con apoyo de la Guardia Nacional, como parte de un procedimiento hasta ahora desconocido. La causa oficial de la aprehensión fue, supuestamente, no haberse presentado a una orden de notificación del Ministerio Público.

Grupo Vanguardia denunció la detención como un acto "ilegal" y "arbitrario", calificándolo como una "acción orquestada".

El medio, con sede en Saltillo, Coahuila, argumentó que el arresto en Monterrey, y no en la ciudad de residencia del director, refleja una "vigilancia constante que mantiene el poder". Abogados consultados por el periódico describieron el método como el "clásico modus operandi" de fiscalías que actúan bajo consigna para "fabricar casos" de presunta rebeldía.

La empresa editorial indicó no haber recibido notificación oficial sobre las causas legales de la detención ni sobre la situación jurídica de su director. Esta acción, según Vanguardia, se suma a una serie de actos de "acoso judicial" y "persecución desde los más altos niveles del poder" contra la empresa y su directivo en los últimos años. El periódico ha denunciado previamente persecución por parte del Poder Judicial de Coahuila en un caso relacionado con un supuesto crédito. La casa editorial afirmó que "la libertad de prensa es un obstáculo para quienes ostentan el poder político, el cual, a través del acoso judicial, trata de intimidar el ejercicio periodístico". En respuesta a los hechos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamó la liberación inmediata de Castilla Galindo, calificando la detención de arbitraria e ilegal. La organización también exigió el pleno respeto a las garantías legales y a la libertad de prensa.