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Regulación de suscripciones y servicios digitales en México

El Congreso mexicano avanza en una reforma crucial para proteger a millones de usuarios de prácticas abusivas en suscripciones y servicios digitales. La iniciativa, ya aprobada por los diputados, busca que cancelar un servicio en línea sea tan fácil como contratarlo.
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El legislador Ricardo Monreal, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor con el objetivo de regular las suscripciones, membresías y servicios digitales. La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados con 438 votos a favor en un proceso de *fast track* y fue enviada al Senado de la República para su análisis. La reforma surge como respuesta a las prácticas abusivas de muchas plataformas digitales que facilitan la contratación de sus servicios pero complican excesivamente su cancelación, manteniendo a los consumidores como "rehenes" de cobros recurrentes no deseados. El problema abordado afecta a un mercado que en México superó los dos billones de pesos en 2024, con más de 67 millones de usuarios de comercio electrónico. Según la iniciativa, muchas empresas utilizan procesos de cancelación confusos, menús ocultos o trámites engorrosos para desincentivar la baja de los usuarios.

El propio Monreal afirmó haber sido víctima de estas prácticas.

La reforma busca establecer un marco normativo más sólido que restituya el control al consumidor sobre sus decisiones en el entorno digital.

Los cambios propuestos al artículo 76 Bis de la ley obligarían a los proveedores a establecer mecanismos accesibles para la cancelación inmediata de cualquier servicio, sin penalizaciones ni obstáculos contractuales.

Además, todo cobro recurrente requerirá el consentimiento expreso e informado del consumidor.

Las empresas también deberán notificar a los usuarios con al menos cinco días naturales de anticipación sobre la renovación automática de un servicio, ofreciendo la opción de cancelarlo sin costo. Asimismo, se deberá informar de manera clara sobre la periodicidad, monto y fecha de los pagos automáticos. La iniciativa recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, quienes coincidieron en la necesidad de proteger los derechos de los consumidores. De ser aprobada en el Senado, México se sumaría a países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea que ya cuentan con regulaciones similares.

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