Escudo Financiero: Nueva Reforma Protege a Usuarios de Tarjetas No Solicitadas y Cargos Abusivos



El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 467 votos a favor una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. La iniciativa, impulsada por el diputado de Morena, Ricardo Monreal, fue turnada al Senado de la República para su ratificación y busca frenar prácticas abusivas por parte de instituciones bancarias y tiendas departamentales, protegiendo a los consumidores. La reforma declara nula de pleno derecho la emisión de tarjetas de crédito o débito sin el consentimiento expreso y verificable del usuario. Esto implica que no se generará ninguna obligación para la persona, eliminando la necesidad de cancelarla.
En consecuencia, se prohíbe cualquier cargo por anualidad, comisiones u otros conceptos asociados a estos productos no solicitados.
Además, el historial crediticio del usuario no podrá ser afectado ni reportado al Buró de Crédito por estas tarjetas.
Si se realizaran cobros indebidos, las entidades financieras estarán obligadas a reembolsarlos en un plazo máximo de cinco días hábiles.
En cuanto a la cancelación de tarjetas contratadas voluntariamente, la nueva legislación garantiza que el proceso sea ágil y gratuito.
Los usuarios podrán solicitar la cancelación por medios presenciales, telefónicos o digitales, los cuales deberán estar disponibles las 24 horas del día.
El trámite deberá completarse en un plazo máximo de entre tres y cinco días hábiles, sin costo, comisiones o penalizaciones.
Al iniciar la solicitud, la entidad deberá aplicar un bloqueo preventivo para suspender cualquier transacción y el usuario deberá recibir una prueba física o digital que certifique la terminación del contrato.
La iniciativa también prohíbe a las entidades generar comisiones por servicios adicionales no autorizados, como seguros o membresías, que encubren cargos ocultos.
Ricardo Monreal señaló que esta reforma es indispensable, ya que muchas personas reciben tarjetas no solicitadas, acumulan cargos y terminan con un historial crediticio negativo injustamente.
El legislador comparó la situación de México, donde el proceso de cancelación es a menudo presencial y engorroso, con la de otros países como Estados Unidos, donde una llamada telefónica es suficiente.


