Ley Nicole: La Tragedia que Impulsó en Durango la Prohibición de Cirugías Estéticas en Menores

Tras la trágica muerte de una adolescente de 14 años, el Congreso de Durango aprobó por unanimidad la 'Ley Nicole', una reforma histórica que prohíbe las cirugías estéticas en menores de 18 años y endurece las penas contra prácticas médicas indebidas, sentando un precedente en la protección de la niñez en México.

El Congreso del Estado de Durango aprobó de manera unánime, con 23 votos a favor, la 'Ley Nicole', una reforma legislativa que prohíbe la realización de procedimientos de cirugía estética con fines meramente cosméticos en personas menores de 18 años. Impulsada por la diputada Sandra Amaya Rosales, la nueva ley busca cerrar un vacío legal que permitía prácticas riesgosas para la salud e integridad de niñas, niños y adolescentes. La legislación contempla excepciones únicamente para cirugías reconstructivas que sean médicamente necesarias debido a accidentes, enfermedades o malformaciones congénitas, las cuales deberán contar con un diagnóstico especializado y una valoración psicológica.

Esta reforma surge como respuesta directa al fallecimiento de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que murió el pasado 20 de septiembre tras ser sometida a tres intervenciones estéticas en una sola sesión.

El caso generó indignación a nivel nacional debido a las circunstancias: la cirugía fue realizada por su padrastro, un cirujano plástico, con la participación de la madre de la menor, quien no contaba con formación médica. El padre de la joven, César Arellano, denunció que nunca autorizó los procedimientos y que se intentó ocultar la causa real de la muerte, lo que detonó un debate urgente sobre la falta de regulación. La 'Ley Nicole' modifica el Código Penal de Durango para establecer sanciones severas. Se imponen penas de cuatro a ocho años de prisión para quien practique cirugías estéticas prohibidas en menores, y de dos a seis años de cárcel para quienes usurpen profesiones en el área de la salud. Además, los padres o tutores que autoricen estos procedimientos no médicos podrían enfrentar de cuatro a seis años de prisión por omisión de cuidados, y los establecimientos que permitan estas prácticas se arriesgan a la clausura. La ley también establece la obligación de denunciar cualquier irregularidad detectada en servicios médicos. Con esta aprobación, Durango se posiciona como un estado pionero en la protección legal de la infancia frente a las presiones estéticas, a menudo impulsadas por las redes sociales. Legisladores de diversas bancadas coincidieron en la necesidad de frenar estas prácticas. La reforma es vista por especialistas y organizaciones civiles como un punto de partida para que otras entidades federativas impulsen regulaciones similares y se refuercen las campañas de prevención y la vigilancia sobre clínicas y personal no certificado en todo el país.

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