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Disputa fiscal de Grupo Salinas: La SIP advierte sobre riesgos para la autonomía editorial y la libertad de prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha manifestado una seria preocupación por el conflicto fiscal entre el Gobierno de México y Grupo Salinas, advirtiendo que el contexto político que lo rodea podría socavar la libertad de prensa y la autonomía editorial de TV Azteca.
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su inquietud ante el entorno que rodea los litigios fiscales entre el Gobierno de México y empresas de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El fallo confirmó criterios fiscales en siete juicios de amparo promovidos por el empresario, relacionados con adeudos que, según uno de los artículos, ascienden a 33,477 millones de pesos en este caso particular, aunque la deuda total podría superar los 74,000 millones de pesos. La principal preocupación de la SIP no reside en el fondo del conflicto legal, sino en el tratamiento público que ha recibido. La organización, con sede en Miami y conformada por más de 1,300 medios, ha señalado que el caso está marcado por “descalificaciones desde espacios oficiales” y llamados de actores políticos a revisar las concesiones de medios.

Esto, según la SIP, crea un “entorno adverso” para el ejercicio del periodismo. Representantes como Pierre Manigault, presidente de la SIP, y Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa, han hecho un llamado a que estas diferencias legales se procesen sin interferencias políticas ni discursos estigmatizantes que puedan inhibir la labor informativa. La organización advierte que existe el riesgo de que estas contiendas legales sean interpretadas o utilizadas para afectar la autonomía editorial de TV Azteca o para coartar su cobertura informativa. Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, subrayó que el interés de la entidad es asegurar que cualquier disputa que involucre a un medio de comunicación no derive en “efectos indeseados sobre su operación informativa”. Finalmente, la SIP ha declarado que continuará observando la evolución del caso, esperando que las instituciones mexicanas garanticen un ambiente de independencia, pluralidad y respeto a la ley que permita a los medios de comunicación trabajar sin presiones. La organización reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y de expresión en el continente.

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