Claudia Sheinbaum condiciona la colaboración de México en el caso Epstein a una solicitud de Estados Unidos



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró durante su conferencia matutina del 4 de febrero de 2026 que su gobierno está dispuesto a colaborar en la investigación sobre la red del pederasta Jeffrey Epstein, pero únicamente si el Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta una solicitud formal. La mandataria enfatizó que la jurisdicción del caso corresponde a las autoridades estadounidenses, por lo que México mantendrá una postura de respeto a la soberanía nacional a menos que se activen los canales diplomáticos y judiciales correspondientes. La postura del gobierno mexicano surge tras la desclasificación y publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia estadounidense, en los cuales se menciona a varias figuras prominentes del empresariado mexicano. Entre los nombres que aparecen en los archivos se encuentran Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim y Paula Cussi, viuda del empresario Emilio Azcárraga. Según los documentos, Salinas Pliego fue mencionado en un correo electrónico sobre una cena en 2011 en California, a la que también se hacía referencia a Jeff Bezos y Elon Musk. Carlos Slim es nombrado en un intercambio de mensajes sobre un posible viaje a una isla, mientras que una persona cercana a Paula Cussi habría solicitado ayuda a Epstein en 2009 en relación con una propiedad. Las autoridades han señalado que ser mencionado en los expedientes no implica la comisión de un delito. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio por concluida la revisión del caso Epstein tras la publicación de una última partida de tres millones de páginas de documentos. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, afirmó que la revisión del caso de tráfico sexual contra Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, y su cómplice Ghislaine Maxwell, "ha terminado". Sheinbaum reiteró que, de llegar una solicitud, la colaboración se gestionaría a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Esta posición se alinea con los acuerdos de cooperación judicial existentes entre ambos países, que requieren peticiones formales para el intercambio de información en investigaciones transnacionales.


















