Pemex Desafía Impuestos Ambientales y Enfrenta Escrutinio por Contaminación en Varios Estados



La empresa México2, subsidiaria del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, denunció que Petróleos Mexicanos (Pemex) no está cumpliendo con el pago de los impuestos al carbono, conocidos como "impuestos verdes", en las entidades federativas donde se ubican sus principales refinerías. Esta situación ha generado que la recaudación reportada en dichos estados no sea congruente con los niveles de emisiones generados por la paraestatal. El impacto ambiental es particularmente grave en Guanajuato, donde el municipio de Salamanca aporta cerca del 20 % de las emisiones contaminantes del estado, en gran parte por las operaciones de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Según el Inventario de Emisiones del Estado de Guanajuato de 2021, Salamanca fue responsable del 84.7 % del dióxido de azufre liberado en la entidad, y la refinería "Antonio M. Amor" de Pemex generó aproximadamente el 90 % de esas emisiones debido al uso de combustóleo. A pesar de su impacto ambiental, Pemex ha impugnado legalmente estas medidas fiscales.
En 2022, la empresa se opuso a un impuesto a gases contaminantes aprobado por el Congreso de Guanajuato, argumentando que los gravámenes locales exceden su jurisdicción federal. Una estrategia similar fue utilizada en Tamaulipas, donde en 2023 se amparó para evitar un pago de 2,800 millones de pesos por un impuesto ecológico de 2021 aplicado a la refinería "Francisco I. Madero". Asimismo, el Congreso de Nuevo León solicitó a Pemex en 2022 desistir de un amparo contra impuestos ambientales. Según Eduardo Piquero, director de México2, la Suprema Corte ha determinado en seis ocasiones que estos impuestos sí son constitucionales. En su Informe de Sostenibilidad 2024, Pemex afirmó no tener conocimiento de multas o sanciones por incumplimiento de leyes ambientales. Sin embargo, enfrentará un mayor escrutinio a partir de 2026, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) implemente de forma obligatoria la norma internacional IFRS. Esta regulación exigirá a las empresas del mercado de valores reportar los riesgos asociados al cambio climático, incluyendo las obligaciones por impuestos al carbono, lo que aumentará la presión sobre la petrolera, que emite deuda y reporta en México y Estados Unidos.
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