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Por recorte en el gasto, 970 trabajadores del INE buscan retiro voluntario

Ante una inminente reforma electoral que propone disminuir el gasto en el sector, casi mil trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) se han inscrito en un programa de retiro voluntario, lo que genera incertidumbre sobre el futuro operativo del organismo.
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Un total de 970 trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) han solicitado su adhesión al programa de retiro voluntario, una cifra que, según funcionarios del organismo, “superó la expectativa”. Esta situación se da en el contexto de una propuesta de reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo que busca reducir el gasto. Del total de solicitudes, 707 corresponden a personal de la rama administrativa y 263 al Servicio Profesional Electoral Nacional, de una nómina total de poco más de 18 mil plazas. La Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, señaló que el número de solicitudes requerirá un esfuerzo administrativo “mucho mayor al que esperábamos”, por lo que se tuvo que ampliar el plazo del proceso. El programa de retiro voluntario está respaldado por un fondo de 100 millones de pesos y está dirigido a personal con un mínimo de 10 años de antigüedad. El beneficio consiste en tres meses de percepciones brutas más 20 días por cada año de servicio.

La asignación de los recursos dará prioridad a los empleados con mayor antigüedad hasta agotar el techo financiero. Según el documento aprobado por la Junta General Ejecutiva, el propósito del programa es ofrecer “un beneficio económico, así como promover la renovación y modernización de la estructura del instituto”. La consejera del INE, Claudia Zavala, expresó su preocupación por la situación presupuestaria del instituto. Señaló que, aunque el INE envió su solicitud presupuestal a la Secretaría de Hacienda, el Poder Ejecutivo eliminó la partida correspondiente al presupuesto precautorio de 3 mil 119 millones de pesos, destinado a una posible consulta popular. Zavala enfatizó que cualquier recorte presupuestal es una atribución de la Cámara de Diputados, no del Ejecutivo.

Además, recordó que el plazo para determinar si se realizará dicha consulta vence en noviembre. Zavala advirtió que un recorte adicional, como el que públicamente mencionó un diputado de Morena, colocaría al INE “en una situación muy compleja”. Aclaró que, contrario a lo dicho por el legislador, el próximo año sí inicia un proceso electoral que concluirá en 2027.

La consejera manifestó tener “preocupaciones imperantes”, ya que operar con menos recursos efectivos ha puesto al instituto en situaciones difíciles, llegando incluso al riesgo de incumplir la ley para poder realizar ejercicios de participación ciudadana y la elección judicial.

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