México implementa la CURP biométrica con un despliegue desigual en los estados

A partir de febrero de 2026, la Clave Única de Registro de Población con datos biométricos se vuelve un requisito para ciertos trámites, buscando mayor seguridad y eficiencia administrativa en el país.

A partir del 1 de febrero de 2026, la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos se ha establecido como un requisito para ciertos trámites administrativos y legales en México, según una reforma a la Ley General de Población de 2025. Este nuevo documento de identificación vincula la clave alfanumérica tradicional con rasgos físicos únicos para aumentar la seguridad.

Los datos biométricos que se recopilan incluyen las huellas dactilares de ambas manos, una fotografía facial de alta resolución, el escaneo del iris y la firma digital. Los objetivos principales de esta modernización son combatir el robo de identidad, agilizar procesos ante dependencias gubernamentales y entidades financieras, y funcionar como una herramienta clave en la búsqueda de personas desaparecidas.

La implementación, sin embargo, ha mostrado ser desigual en el territorio nacional. Mientras que en estados como Hidalgo, Estado de México y Yucatán ya se han habilitado módulos en las oficialías del Registro Civil para realizar el trámite, en Chihuahua el servicio continúa suspendido desde finales de 2025, a pesar del anuncio federal. En Michoacán, el avance es paulatino, con mil 300 registros hasta la fecha. Aunque la fecha del 1 de febrero marca el inicio de su exigencia para procedimientos específicos, en varias entidades el trámite aún se presenta como voluntario. Para obtener la CURP biométrica, es necesario acudir personalmente a los módulos designados, previa cita en el sitio oficial del Registro Nacional de Población (Renapo). El trámite no tiene costo y los documentos requeridos en original son: acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente (como INE o pasaporte) y la CURP tradicional.

Algunas oficinas también solicitan un comprobante de domicilio, teléfono de contacto y correo electrónico. Paralelamente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) está desarrollando un Registro Nacional de Información Penitenciaria que también utilizará datos biométricos de las personas privadas de la libertad, incluyendo reconocimiento facial, de voz, dactilar y de iris, a implementarse en un plazo de dos años.