Nueva Ley de Aguas en México: Entre la garantía del derecho humano y la disputa por el control del recurso

La entrada en vigor de la nueva Ley General de Aguas en México ha desatado un intenso debate nacional. Mientras el gobierno la presenta como una herramienta para garantizar el derecho humano al agua y frenar su mercantilización, diversos sectores productivos y políticos expresan su preocupación por la posible centralización del control del recurso y sus efectos en el campo.

Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ha entrado en vigor la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo central de esta legislación es garantizar el derecho humano al agua, poner fin a su mercantilización y devolverle su carácter de bien estratégico de la nación, estableciendo las bases para un acceso equitativo y sustentable. El decreto establece un plazo de 180 días para que las entidades federativas armonicen sus marcos jurídicos y se emitan los reglamentos correspondientes.

Desde la perspectiva del gobierno federal y legisladores de Morena, como el senador Óscar Cantón Zetina, la reforma busca eliminar el acaparamiento y la sobreexplotación que beneficiaba a unos pocos, en detrimento de comunidades y pequeños productores. El titular de la CONAGUA, Efraín Morales López, afirmó que se establecerá un sistema de concesiones transparente y con cero tolerancia a la corrupción, además de reconocer los sistemas comunitarios de gestión. Entre los cambios se incluye la persecución de oficio para los delitos contra las aguas nacionales y la actualización de los sistemas de medición.

Sin embargo, la ley ha generado una fuerte oposición. La senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, y el diputado Jericó Abramo Masso advierten que la reforma concentra el poder en el Gobierno federal, permitiéndole decidir discrecionalmente sobre la renovación de concesiones, lo que consideran un riesgo para la democracia y la seguridad alimentaria. Abramo Masso señaló que la medida afecta a los pequeños productores al impedirles rentar o ceder sus derechos de agua, una práctica que para muchos era un mecanismo de subsistencia, y sostuvo que la CONAGUA ya tenía facultades para sancionar a los acaparadores.

Las reacciones en el sector agropecuario son divididas. Por un lado, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) se mostró satisfecho, asegurando que sus observaciones sobre certidumbre jurídica en concesiones, herencias y un nuevo registro fueron atendidas tras un diálogo con las autoridades.

Por otro lado, Agricultores Unidos de Chihuahua y productores de otros 12 estados consideran la ley perjudicial y anunciaron nuevas movilizaciones.

Sienten que fueron ignorados y que la legislación se aprobó desde una perspectiva centralista, sin considerar las particularidades de regiones como el norte del país.