Autoridades mexicanas refuerzan la vigilancia del cumplimiento de los derechos laborales

El gobierno de México, a través de sus dependencias laborales, ha intensificado las acciones para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, con la entrada en vigor de la 'Ley Silla' y un enérgico llamado a erradicar las bajas laborales injustificadas de fin de año.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció la entrada en vigor de todas las disposiciones de la llamada 'Ley Silla', que obliga a los patrones de los sectores industrial, comercial y de servicios a proporcionar asientos o sillas con respaldo a los empleados que realizan sus actividades de pie. Esta medida busca permitir que los trabajadores alternen entre estar de pie y sentados para prevenir la fatiga y riesgos a la salud. La normativa estipula que si la naturaleza de las tareas impide colocar un asiento en el puesto de trabajo, el empleador deberá habilitar sillas en un área cercana y acordar con los trabajadores el número y la duración de las pausas. Además, es obligatorio adecuar el Reglamento Interior de Trabajo (RIT) para incluir los riesgos de trabajar en bipedestación, el derecho a pausas y la ubicación de los asientos. El incumplimiento de esta ley puede acarrear multas que van desde las 250 hasta las 5,000 UMAs.

La STPS incorporará la verificación de estas obligaciones en su Programa Anual de Inspección para 2026. Paralelamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el INFONAVIT, en conjunto con la STPS, emitieron una alerta por sexto año consecutivo contra la práctica ilegal de dar de baja a trabajadores en diciembre para recontratarlos en enero. Esta acción, utilizada para evadir el pago de obligaciones laborales y fiscales, interrumpe la continuidad de derechos como la atención médica, las aportaciones para vivienda, la antigüedad y las pensiones. Según datos oficiales, en enero de 2025, 142,398 personas fueron recontratadas por la misma empresa que las despidió un mes antes. Las autoridades han enviado cartas de advertencia a los patrones que presuntamente incurren en estas prácticas y han puesto a disposición del público canales de denuncia.