El sector empresarial mexicano enfrenta incertidumbre por la revisión del T-MEC y el alza salarial



Diversos líderes empresariales y analistas coinciden en que la recuperación económica de México en 2026 está sujeta a la claridad que resulte de la revisión del T-MEC. La incertidumbre sobre este proceso generó una pausa en nuevas inversiones durante 2025 y mantiene un clima de cautela. Representantes de la industria exportadora, como Index Nuevo León, señalan que, si bien la revisión es una oportunidad para fortalecer el nearshoring y modernizar las reglas comerciales, la falta de certidumbre jurídica y los constantes cambios arancelarios en materias primas han provocado que muchas empresas pongan sus proyectos de expansión en espera. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) proyecta un crecimiento económico de apenas 1.30 por ciento para 2026, citando la renegociación del tratado y la reforma judicial como factores de desconfianza para la inversión. Paralelamente, el incremento del 13 por ciento al salario mínimo, vigente desde el 1 de enero de 2026, genera presiones en la estructura de costos de las empresas. Carlos Sosa Spínola, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró que esta política está “cerca de llegar al límite” y podría causar afectaciones en ciertas regiones y empresas, especialmente en los sectores primario y terciario, que operan con márgenes más reducidos. El nuevo salario mínimo general se ubica en 315 pesos diarios y en la frontera norte asciende a 440 pesos.
Sosa Spínola llamó a que futuros ajustes se definan de manera más estratégica, con una evaluación regional y sectorial.
El impacto del alza salarial es particularmente agudo para las pequeñas y medianas empresas (PyMES).
Isaac González Granados, académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, advirtió que estos negocios podrían verse obligados a incrementar precios o reducir personal si el aumento en costos no se compensa con mayores ventas. Ante este escenario, propuso la implementación de apoyos gubernamentales temporales, como subsidios a las cuotas de seguridad social o periodos de gracia en el Impuesto Sobre Nómina, para amortiguar el impacto y proteger el empleo.



















